Pesqueras extranjeras y el atajo para operar

Una empresa española cedió sus activos a una argentina para seguir pescando en el caladero argentino, conservando permisos y cuotas de captura, en un paso que en los hechos podría estar apuntando a esquivar designios de la Ley Nacional de Pesca para poder usufructuar recursos del país.

Esa norma, en su artículo 27 bis, establece que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización), y eso incluye a firmas que trabajan en zona de exclusión, ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago.

Pero esa ley no se estaría aplicando en este caso. Pescapuerta es una empresa española que en 1996 desembarcó en Puerto Madryn con su filial argentina, dedicada a la actividad pesquera. En 2004 invirtió u$s12 millones para incorporar más barcos y una planta de reproceso en Ushuaia.

Pero en 2015 decide ceder sus activos en Argentina a la empresa Estrella Patagónica. El cambio de nombre quedó reflejado en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia de Chubut, el 19 de agosto de ese año, en que modificaron el artículo 1 de su estatuto social. “La denominación de la Sociedad Anónima es “Estrella Patagónica SA y es continuidad jurídica por cambio de denominación social de Pescapuerta Argentina SA”, dice el acta que firmó Marlene Del Rio, en representación del Registro Público.

Con ese cambio de nombre Pescapuerta logró operar en Malvinas, conservar sus beneficios y facturar millones de dólares en estos 5 años, sin que la Subsecretaría de Pesca o el Consejo Federal Pesquero lo objetaran y cuando, en pos de hacer cumplir la ley, los permisos de pesca, cuotas y autorizaciones de captura de Pescapuerta/Estrella Patagónica deberían caducar inmediatamente.