Santa Fe - La secretaria de Derechos Humanos provincial, María Bressa, fue separada de su cargo después de manifestar que acusados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar también debían ser beneficiados por el Programa de Protección de Testigos. Ayer, el gobernador socialista Hermes Binner aseguró ayer que «no es un traspié» para el gobierno. El mandatario reiteró su intención de acompañar a los organismos de derechos humanos en la búsqueda de Justicia, y confirmó la decisión del gobierno provincial de proteger a todos los testigos, incluso a los arrepentidos. «Esta es la forma de lograr la verdad. Tenemos muchos casos, como el de Adolfo Scilingo cuando denunció los vuelos de la muerte y el de Mario Pontaquarto que, si bien no deja de estar imputado, es un arrepentido. Por eso hay que proteger a los arrepentidos» , resaltó.
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