Mendoza - Radicales y demócratas se unieron para pedirle al gobernador Francisco Pérez que reclame a la Nación por fondos adeudados a la provincia. La UCR busca a través de una ley que el Ejecutivo local inicie un juicio al Gobierno de Cristina de Kirchner por los recursos que le descuenta a Mendoza de coparticipación para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En tanto, los referentes del Partido Demócrata intentan sumar a ese histórico pedido la demanda por la liquidación de las regalías petrolíferas al precio total del barril y no al 50%, como se liquidan actualmente.
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El senador radical Juan Carlos Jaliff presentará hoy el proyecto de ley para que la provincia inicie la demanda a la Casa Rosada ante la Corte nacional. «Nuestros argumentos apuntan al artículo 26 del anexo del Decreto Nº 2.054/10 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se descuenta de los fondos de la masa coparticipable de las provincias el 15% con destino al régimen previsional», sostuvo el legislador y exvicegobernador, y agregó: «Creemos que es inconstitucional».
De acuerdo con los cálculos de la oposición, Mendoza habrá dejado de percibir a fin de año 2.800 millones de pesos, una cifra equivalente a lo que se estima terminará siendo el déficit de este año.
De esos 2.800 millones de pesos, les corresponde por coparticipación a los municipios del interior provincial el 18,8%, suma que asciende a 526 millones de pesos. «De continuar esta situación de retención indebida, los mendocinos seguiremos perdiendo, a valores de hoy, una cifra aproximada a los 1.500 millones de pesos anuales, hasta diciembre de 2015», afirma el texto del proyecto de ley entre sus fundamentos.
Además de mostrar su acuerdo con el planteo de los radicales, los demócratas apuntaron que otra demanda se podría incluir en la iniciativa: las regalías petrolíferas. «Son 4.000 millones de pesos entre todos los temas», recuerda el senador Carlos Aguinaga.
La liquidación de las regalías que se pagan por los hidrocarburos que se extraen del subsuelo provincial es definida por la Secretaría de Energía de la Nación. El organismo se encarga de poner un precio, generalmente menor que el de la cotización del barril de crudo en el mercado internacional.
Con respecto al planteo por los fondos redireccionados a la ANSES, el reclamo se basa en el artículo 75 de la Constitución nacional. En ese ítem se sostiene que la asignación de recursos coparticipados por tiempo determinado o la modificación de dicha asignación requieren de una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de ambas cámaras. En este caso, para poder aplicar la retención que hace la Nación a las provincias, la Presidente prorrogó por decreto para 2011 la pauta de gastos de 2010; por lo tanto, no existió norma que lo avalara.
Lo que fundamenta la oposición local es que debió existir antes una ley sancionada por el Congreso y no un decreto firmado por el Ejecutivo nacional.
«Pero no sólo eso, sino que el decreto está mal hecho, porque prorroga una ley que ya no está vigente, ya que existe una posterior y tampoco fue refrendado por la Legislatura local», afirmó Jaliff, y concluyó: «Por lo tanto, la provincia tiene todos los elementos para hacer un juicio por inconstitucionalidad».
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