Provincias acusan a Montoya de avasallar su autonomía

La nueva estrategia de Montoya incluyó el envío de 300 inspectores a los principales centros turísticos, como San Martín de los Andes (Neuquén), Carlos Paz (Córdoba), Las Leñas (Mendoza) y Bariloche (Río Negro).
Picando en punta, en Córdoba criticaron con dureza esos controles tributarios. A través de la Legislatura, la provincia reclamó al gobierno de Solá que no se concreten los operativos por considerar que avasallan la ley y que podrían ser, incluso, violatorios de la autonomía cordobesa. Pero además, desde ese distrito se acusó al funcionario de montar, fuera del territorio bonaerense, «un hecho mediático de autopromoción».
Los legisladores cordobeses exigieron que Rentas «se abstenga de ejecutar en Córdoba acciones unilaterales de cualquier índole que importen restringir o alterar la permanencia, temporal o definitiva, de ciudadanos bonaerenses en nuestro territorio, como consecuencia de acciones extrajudiciales dispuestas para perseguir obligaciones tributarias adeudadas».
De esta forma, Córdoba se convirtió en la primera provincia en expedirse formalmente contra los controles antievasión fuera de los límites bonaerenses.
Sin embargo, no fue el único distrito donde se encendió el enojo. Aunque sin declaraciones oficiales de por medio, el resquemor se instaló además en varios gobiernos provinciales, molestos por lo que leyeron como una «intromisión» de la gestión Solá en sus terruños.
La medida de Montoya incluyó el desembarco de inspectores en los hoteles para solicitar los registros de hospedaje y determinar quiénes tienen domicilio en territorio bonaerense, para verificar si mantienen deudas con el Fisco.
La avanzada se ganó también la reacción de los hoteleros, que aducen que la modalidad afecta sus intereses económicos. Según Alejandro Moroni, de la Asociación de Hoteles, «el pasaje de una persona por un hotel es una transferencia del domicilio privado, por lo cual si nosotros entregáramos datos personales estaríamos violando derechos constitucionales del pasajero que está dentro del hotel».
En rigor, el encono de estas provincias apunta sólo a la supuesta intromisión de Montoya en sus tierras, ya que muchos de los titulares de Rentas del interior del país comparten los métodos aplicados por el polémico funcionario.
Ello quedó evidenciado en la última cumbre de recaudadores del país, que se realizó semanas atrás en Mar del Plata. Allí, varios distritos -como el porteño y el mendocino- se mostraron interesados en aplicar los planes antievasión bonaerenses, que contemplan el secuestro de autos y el embargo de cuentas sin orden judicial. Incluso, desde el área de Rentas de Mendoza se prometió organizar un nuevo cónclave para analizar la aplicación de esta metodología.
La embestida contra la búsqueda de evasores fuera de Buenos Aires no fue el único traspié que sufrió Montoya en los últimos días.
Por caso, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, criticó la política antievasión aplicada por el bonaerense, al afirmar que «la época de la mano dura» quedó atrás.
Según Abad, «hubo una época de la administración tributaria en la cual el fin justificaba los medios. Por eso, se usaron el tanquecito, los sabuesos (se utilizaron esas figuras en publicidades de la DGI durante las décadas de 70 y 90) y la mano dura». «Pero ahora buscamos la forma para mejorar los medios para que persista el fin. Y la tendencia mundial indica que la clave está en simplificarle la vida a la persona que tiene que pagar», enfatizó.
Para Abad, Montoya usa métodos que «pertenecen a una etapa que ya hemos superado». «Tenemos que controlar a 3,5 millones de contribuyentes y no podemos estar pegando obleas en los parabrisas», castigó. En este marco, consideró que «seguramente en Buenos Aires están en una etapa histórica previa a la nuestra, que es necesario hacer en algún momento, pero eso no puede ser una estrategia permanente».
Como ejemplo de los nuevos métodos, el titular de la AFIP destacó que el organismo habilitó un mostrador virtual, donde «se pueden registrar las operaciones aduaneras, presentar las declaraciones juradas, pagar impuestos, consultar la cuenta corriente tributaria, registrar nuevos trabajadores, controlar los aportes previsionales, emitir facturas electrónicas y mucho más».
Si bien Montoya optó por no polemizar -prefirió decir que «no alcanza sólo con la persuasión»-, el ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo, tildó a las declaraciones de Abad de «injustas, poco felices y fuera de lugar».
Por su parte, también el ex director de la DGI y ex integrante del grupo de agentes fiscales conocidos como «Los Intocables», Luis María Peña, cuestionó los métodos de recaudación de Montoya. Peña opinó que los operativos constituyen «un escrache que sale muy caro». «La ecuación costo beneficio es tremenda», dijo.