La creciente merma en los envíos de coparticipación federal, producto del impacto de la debacle financiera internacional, forzó a los gobernadores a profundizar en los últimos días los tijeretazos en el gasto público.
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Incluso, algunos mandatarios -los más urgidos- temen (por ahora, por lo bajo) que revivan las dificultades para pagar salarios, una postal que signó al interior durante la crisis de 2001 y que ya experimentan muchos intendentes de distintas provincias.
Una primera andanada de ajustes había sido lanzada durante el último cuatrimestre de 2008. Pero la sequía de recursos superó finalmente las primeras previsiones y obliga ahora a los Ejecutivos a hacer equilibrio entre la necesidad de aliviar las asfixiadas cuentas y la de no espantar votos, en pleno año electoral.
Ante este escenario, por caso, el bonaerense Daniel Scioli firmó este fin de semana el Decreto de Responsabilidad en la Calidad del Gasto Público, por el cual instruyó a sus ministros «a optimizar la productividad y eficiencia de los recursos públicos, y orientarlos hacia la atracción de inversiones productivas, incentivar el consumo interno y promover las exportaciones».
En sintonía, también despliegan nuevas ingenierías para recortar el gasto público previsto, entre otros, el justicialista Celso Jaque ( Mendoza) y el radical K Miguel Saiz (Río Negro).
Sin embargo, en general en la mayor parte de los distritos los mayores recortes pasarán -al menos, según la aspiración de los mandatarios- por delinear una tajada más austera de fondos en materia de incrementos salariales 2009. Por eso, en bloque, los gobernadores y ministros de Hacienda salieron a reclamar «prudencia» a los gremios -y a los sectores locales en general- en sus reclamos.
«Hay que ser claros y dar un mensaje lógico y contundente a toda la sociedad, y conservar la prudencia durante todo 2009», aseguró el secretario de Ingresos Públicos de Jujuy, Guillermo Sapag, en un mensaje que resume la posición de sus colegas.
En paralelo, de manera creciente kirchneristas y figuras críticas hacen público su malestar por los cada vez más escasos envíos de recursos, con la -quizás- vana pretensión de que la Casa Rosada destrabe algún tipo de auxilio financiero, que les permita hacer frente con menores apremios a los compromisos del Estado.
Esta preocupación, por caso, fue analizada en la reunión que mantuvo Saiz el pasado jueves con Cristina de Kirchner, en el marco de la firma de la edición 2009 del Plan de Asistencia Financiera (PAF).
Impacto
La crisis mundial golpeó en carne propia a los mandatarios, que desde noviembre del año pasado ven mermar las remesas de coparticipación -Celso Jaque Miguel Saiz por el empobrecimiento de la recaudación nacional- y la percepción de tributos provinciales, de la mano de la caída en la actividad económica.
Las últimas señales que arroja la coyuntura no son para nada alentadoras. Segúnun informe de Economía & Regiones, las transferencias de coparticipación de enero presentaron un crecimiento nominal de sólo 0,5%, el más bajo desde diciembre de 2004.
Negativo
Sin embargo, según la consultora, «en términos reales, incluso deflactando la serie con el índice de precios oficial, el crecimiento sería marcadamente negativo».
«Sin lugar a dudas, este mal desempeño enciende una señal de alerta para las ya deterioradas finanzas subnacionales, dado que este bajo ritmo de crecimiento se mantendría a lo largo del ejercicio 2009», sostiene el informe, además de recalcar que «la continuidad de esta tendencia generaría una situación prácticamente insostenible para la gran mayoría de las administracionesprovinciales, dado que estas transferencias concentran 50% de los ingresos totales de las mismas, con picos de hasta el 84%».
Frente a este escenario, el estudio considera « imprescindible» una «ayuda económica por parte del Gobierno nacional (al margen de la asistencia financiera instrumentada a través del PAF) en caso de mantenerse la tendencia registrada durante enero» mediante la creación de un fondo especial o del uso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
«En caso contrario, muchos gobiernos subnacionales comenzarán a afrontar serias dificultades para financiar sus erogaciones, incluso aquellas destinadas al pago de los salarios de los empleados públicos», advierte la consultora, en línea con los peores temores de los gobernadores.
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