Provincias cuestionan ley para financiar educación

El funcionario de Néstor Kirchner subrayó que, una vez aprobada la Ley de Financiamiento Educativo (todavía a la espera de tratamiento parlamentario), las provincias deberán explicar «cómo y para qué utilizan los fondos» y anticipó que las 24 jurisdiccione s deberán firmar un convenio con Nación por el cual se comprometerán a ejercer un proceso de transparencia respecto del manejo de los presupuestos asignados para la infraestructura educativa. La reacción de otros titulares de las carteras de Educación provinciales no tardó en llegar. Desde Neuquén, Mario Ever Morán recordó que esa provincia «es el distrito del país que más invierte en educación», con 6%, similar al que pretende Nación: «Neuquén destina 2.650 pesos por alumno por año, contra los $ 800 o
$ 900 que invierte el resto, a excepción de Capital Federal, que está cerca de nuestro monto», explicó.
En cuanto a la norma en sí, el funcionario de Jorge Sobisch dijo que podría mejorar el equilibrio en materia de distribución de recursos. «Quiero ser optimista. Encontraremos el equilibrio para que Neuquén reciba los aportes que le corresponden. Sabemos que no estamos beneficiados, pero éste puede ser un buen momento para discutirlo», confió.
El titular de la cartera educativa neuquina subrayó que esa provincia «no tiene problemas en sus cuentas, porque hay transparencia», e instó a que la ley futura «transparente el sistema de distribución». «(La ley) es sumamente valiosa para dejar de improvisar frente a un foco de conflicto», destacó.
Para entender el malestar de algunos ministros -y el de algunos gremios oficialistas que ya se suman a la avanzada-, hay que echar una mirada sobre el proyecto que impulsa Filmus. Pretende recuperar en cinco años la inversión en Educación que no se hizo desde 1993 hasta la fecha, cuando también se anunció con bombos y platillos una ley similar. Sin embargo, el aumento de los recursos estipulado por esa norma no logró mejorar el sistema de educación. Incluso, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego fueron señalados por Filmus como los distritos que en década pasada disminuyeron los fondos destinados a esa área sensible, hoy en conflicto aleatorio en distintos puntos del país.
La propuesta oficial busca elevar el gasto para el sector a 6% del Producto Bruto Interno, un porcentaje idéntico al de los países más desarrollados del mundo. Ese incremento será destinado a mejorar sustancialmente la infraestructura escolar, así como tenderá a reconstituir los salarios de los docentes.
El aumento del PBI se verá reflejado en los índices de coparticipación que, mes tras mes, y en forma automática, reciben las provincias de acuerdo con lo recaudado por impuestos nacionales.
Es, precisamente, este último punto el que desvela a varios gobiernos del interior. En rigor, su preocupación radica en las históricas inequidades del sistema de reparto y en la casi estricta dependencia de esos fondos por parte de muchas economías provinciales, al punto de que mínimos desfases ponen en riesgo las finanzas locales.
La intención del gobierno de Kirchner no difiere de la esperanza sembrada en este sentido en 1993, cuando la Ley Federal transfirió a las provincias los servicios educativos apelando a la descentralización, con un aumento en el porcentaje de la coparticipación que, según Filmus, «muchas provincias reasignaron a otras áreas».
Por eso ahora el gobierno quiere comprometerlas a utilizar ese incremento sólo para el sector educativo, informando cada uno de los movimientos en este sentido.
Los ministros de Educación consultados por este diario coincidieron en que, entonces, con la antigua ley, la problemática económica nacional era otra y urgía emparchar otras áreas vitales merced a la crisis que limitó su capacidad presupuestaria.
«Nos parece bien que el gobierno quiera restituir ese aporte, pero debe hacerlo sin especulaciones», advirtieron los ministros Gilberto Bandeo (Formosa), Mario Oporto (Buenos Aires) y Jaime Grabow (Chaco).
 Asimetrías
En referencia a las asimetrías en la distribución de la coparticipación, la senadora bonaerense Nora Estrada, titular de la Comisión de Educación del Senado provincial, graficó: «Mientras nuestra provincia recibe anualmente del gobierno nacional $ 315 por habitante, el resto recibe $ 534, cuando Buenos Aires es la que menos gasto por habitante tiene, con
$ 794 per cápita contra los
$ 3.936 o los $ 4.366 de Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente».
Los términos financieros de la ley en cuestión prevén elevar en alrededor de $ 9 mil millones anuales la inversión en educación, cifra que podría aumentar si se tiene en cuenta el crecimiento proyectado del PBI para los próximos años.
En la actualidad, 25% de la inversión educativa global le corresponde al gobierno nacional; y el otro 75%, a las provincias, pero la futura ley quiere cambiar esa proporción a 40% y a 60%, respectivamente.
En un reportaje publicado en la revista de IDEA, el ministro nacional adelantó que el «paso siguiente» a la sanción de la norma será la convocatoria «a una paritaria nacional» docente en que se puedan discutir otras variables de ajuste del salario como «eficiencia, profesionalización, jerarquización y capitación» y que no sólo haya mejoras por antigüedad. Filmus detalló que, entre las nuevas condiciones que impondrá el incremento de recursos, se harán «seguimientos del cumplimiento de los objetivos que nos estamos fijando».