Santa Cruz - El Gobierno de Daniel Peralta desplegó ayer intensas negociaciones con delegados de los policías «autoconvocados» en toda la provincia -con consignas salariales y laborales-, en un intento de destrabar una riesgosa protesta que cumplió ya tres días.
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Sin embargo, diferencias en torno al tenor del incremento salarial en cuestión y a su forma de pago -incluso, entre los mismos efectivos- volvieron a trabar anoche las conversaciones.
En medio de un clima de honda preocupación por la afectación en la prestación de un servicio público clave como el de la seguridad, en la noche del martes el Gobierno advirtió que «analiza distintas alternativas» para hacer frente a este escenario si se perpetúa la embestida de los uniformados.
En ese marco, anoche se especulaba con una potencial convocatoria a fuerzas de seguridad federales, aunque la versión no fue confirmada oficialmente.
En la última autoconvocatoria policial, ocurrida en 2010, arribar a un trabajoso entendimiento demandó más de 10 días de arduas negociaciones.
Reclamo
En esta oportunidad, la medida de fuerza -que incluye guardias mínimas en comisarías, y efectivos «autoconvocados» sin uniforme ni armas- se inició en la madrugada del lunes en Caleta Olivia y Río Turbio, y se extendió el pasado lunes al resto de Santa Cruz, incluidas Río Gallegos y El Calafate.
En medio de la seguridad menguada, un grupo de trabajadores de la UOCRA tomó violentamente anoche la sede del gremio en Caleta Olivia y quemó una camioneta -además de increpar a dirigentes y periodistas- por la suspensión de obreros, sin goce de sueldo, por parte de empresas de la construcción de viviendas públicas.
Según trascendió de fuentes policiales, el Ejecutivo ofertó una recomposición salarial del 34%, a pagar a partir de octubre en tres tramos de 10%, 10% y 14%.
Pero la propuesta generó reacciones disímiles entre efectivos de la provincia: mientras que en la zona sur se mostraron dispuestos a aceptar la oferta aunque sólo en el caso de que se concrete en dos tramos de 17% cada uno, en el norte exigieron un piso de suba de sueldo del 65%.
Además pesó el pedido de sindicalización de la Policía, una pretensión que no es vista con buenos ojos por la administración local.
Este escenario se da en medio de las graves urgencias financieras que atraviesa la provincia y que afectan desde diciembre pasado el calendario de pagos salariales.
De hecho, hoy el mandatario tendrá puesta la mirada en la Legislatura, donde -para acceder a fondos frescos adicionales- apuesta a cosechar una ley que le permita utilizar el 100 por coiento de los fondos contenidos en la cuenta que la provincia tiene en el Banco Santa Cruz. Hoy ese porcentaje escala a 70 por ciento.
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