31 de octubre 2019 - 00:00

Riesgo de tsunami por fin de gatillo salarial en provincias

Las inminentes negociaciones con los gremios anticipan un difícil escenario para los gobernadores, que ya advierten que tendrán que hacer malabares para contrarrestar lo perdido por inflación.

Las provincias que cerraron en paritarias la aplicación de subas automáticas de salarios a estatales en relación con la inflación ya dudan de su continuidad para el año próximo, independientemente del signo político de sus gobernadores. Es que el beneficio que otorgaron para 2019 se había establecido con meta de inflación de 23% cuando en la práctica terminará superando el 50%, hecho que llevó a que los gastos corrientes se dispararan en medio de un contexto donde también cayó la recaudación en los distritos.

Este combo, sumado a la incertidumbre de cuáles serán (y qué resultados tendrán) las políticas económicas del Gobierno de Alberto Fernández, volvieron a llevar las dudas sobre la denominada “cláusula gatillo”. En San Juan, provincia gobernada por el peronista Sergio Uñac, su ministro de Hacienda (y vice para el segundo mandato de Uñac), afirmó a medios locales: “Tal cual está, con este escenario, no la vamos a poder aplicar el año que viene. No digo descartar la cláusula gatillo, pero habrá que buscarle alguna modificación para que se pueda cumplir”. Y agregó que el próximo cálculo de actualización salarial tendrá que “no poner en riesgo ni los haberes de los empleados públicos ni las prestaciones de los servicios básicos”, según consignó el medio local Diario de Cuyo. El error de estimación inflacionario en el Presupuesto nacional significará $400 millones adicionales que se destinarán de las arcas sanjuaninas al pago de salarios, de acuerdo con cálculos provinciales.

Días atrás, Mendoza había encendido también la luz de alerta. El distrito gobernador por el radical Alfredo Cornejo (uno de los cuatro que después de diciembre administrará Cambiemos junto con Jujuy, Corrientes y CABA) también ajusta los sueldos en función del IPC. Y dos semanas atrás la ministra de Hacienda Paula Allasino dijo a medios locales que será “complejo” mantener el esquema el año próximo, el primero de gestión de Rodolfo Suarez, quien este diciembre asumirá la gobernación. Las declaraciones de la funcionaria se dieron en la previa del inicio de las negociaciones paritarias. Allasino remarcó que cuando se ofreció a los gremios la cláusula gatillo se proyectaba una inflación de 23% anual, y terminará siendo unos 30 puntos más alta. “Eso complicó los números, fue un esfuerzo muy grande”, señaló la ministra a El Sol, en un discurso similar al de Gattoni.

No sólo Suarez tendrá que revisar la cláusula acordada por la gestión de su antecesor. También en Santa Fe el gobernador electo Omar Perotti tendrá que verse en aprietes similares, aunque en esa provincia no habrá continuidad de signo político: el peronismo llega para reemplazar al Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que comandan los socialistas. No obstante, como base donde asentarse para, quizás, tomar una definición antipática, Perotti tendrá el antecedente de la reunión del actual Gobierno con los gremios de finales de agosto. Allí, ministros de Lifschitz habían garantizado la cláusula gatillo para los sueldos de ese mes. En septiembre también se mantuvo, pero bajo un esquema de revisión mensual, en función de la recaudación provincial.

En Córdoba, la administración de Juan Schiaretti se rigió por aumentos automáticos hasta septiembre. Finalmente para el tramo final del año la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aceptaron una oferta salarial del Gobierno cordobés que contempla el pago de una suma fija bimestral (en dos tramos), esta vez sin cláusula gatillo y con la reanudación de las negociaciones en noviembre.

Trecientos mil docentes bonaerenses, por su parte, recibieron con los sueldos de septiembre el adelanto de la cláusula gatillo que estaba pautado para octubre. Un escenario que acumuló un incremento del 30%, lo que emparda al porcentaje relevado por el INDEC para los primeros 8 meses del año. Después de negociaciones tirantes de María Eugenia Vidal con los gremios docentes durante todo su mandato, ahora la puja salarial quedará en manos del kirchnerista Axel Kicillof.

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