Santa Cruz: discuten regreso de paritarias

Será en el marco de un paro estatal de 48 horas que arranca hoy, y de la huelga docente de toda la semana, aunque anoche se hablaba con insistencia del inminente dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo nacional, que conduce Carlos Tomada.
La marcha desembocará precisamente en la Legislatura, que comenzaría a sesionar desde las 14, con el claro objetivo de ejercer presión sobre los diputados para forzar la sanción de la ley. La última sesión legislativa, concretada el pasado 12 de abril, terminó con la toma del edificio por parte de activistas estatales, luego de que los diputados ultrakirchneristas se negaran a aprobar un proyecto de ley que erosionaba el discurso oficial de no dialogar con los gremios. La postal derivó en una virtual e inédita ruptura del bloque del Frente para la Victoria (FpV).
Frente a este antecedente, el edificio legislativo -que fue vallado el pasado martes- será custodiado hoy por un dispositivo extraordinario de seguridad que reunirá a policías y gendarmes y que, según fuentes locales, no cuenta con antecedentes en la provincia. A tal fin, y ante las características de la revulsión social (ayer hubo nuevos cortes de ruta), desembarcó en la provincia un importante número de gendarmes (ver aparte). En la otra vereda, también los gremios montarán su propio «operativo de seguridad». En tanto, sólo será permitido el ingreso al recinto de diputados y colaboradores (no de público), mientras que el acceso de los periodistas será estrictamente regulado.
Según trascendió, el sector ultrakirchnerista del FpV -que domina la cámara, pese al conato de rebelión- no estaría dispuesto a aceptar que sea tratado hoy mismo, sobre tablas, el proyecto de los «sesgados», mote que se ganaron los siete justicialistas disconformes con cómo se maneja el conflicto gremial en la provincia, pero que ni remotamente alcanzan a controlar los dos tercios del recinto.
La estrategia del oficialismo apuntaría a derivar el texto -que propone la adhesión a la ley nacional del convenio colectivo de trabajo- a comisión, para luego derrumbarlo con herramientas jurídicas. Un proyecto radical que en los hechos apunta al mismo objetivo navega sin rumbo hace tres años en la Legislatura.

«Esto termina en estallido social en la capital y en el interior de la provincia, si no hay una solución providencial que baje por estas horas de la Casa Rosada», vaticinó ayer un calificado analista del escenario local, si es que finalmente se confirma esta reticencia a discutir hoy el proyecto. Con matices, el temor fue compartido por voces gremiales, del oficialismo y de la oposición. «No va a haber represión, aunque el límite es un policía muerto», aseguró ayer a Ambito Nacional un hombre del gobierno de Carlos Sancho que prefirió no identificarse. «No vamos a responder ninguna agresión, pero el pueblo tendrá la palabra», advirtió, en paralelo, un gremialista.
Hasta el momento, sistemáticamente, tanto el Presidente como el hoy tambaleante Sancho se negaron a destrabar cualquier tipo de diálogo con los gremios mientras se mantengan las medidas de fuerza. Y en los últimos años, las paritarias (congeladas en la época de Kirchner gobernador) fueron virtualmente una palabra prohibida en la provincia, aunque este terreno podría llegar a revertirse (ver aparte).
Sugestivamente, ayer gremios afines al gobierno salieron a anunciar un acuerdo con Sancho que contempla la transformación en ítem remunerativo de 600 pesos hoy considerados no remunerativos -lo que incidirá en el cálculo del aguinaldo-, además de un esquema de recategorización del personal. Sin embargo, los anuncios no alcanzarán, según se especula, con calmar a docentes y al resto de los estatales, que exigen un blanqueo del básico.
Ante el tenor que asumió la crisis -se multiplicaron en los últimos días los escraches a funcionarios, las tomas de edificios públicos y los cortes de ruta-, circuló esta semana con insistencia el rumor de una inminente renuncia de Sancho, para una posterior asunción del diputado provincial -en uso de licencia- y hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Daniel Peralta.
Sin embargo, ayer la posibilidad se presentaba más lejana, ya que, al parecer, Peralta insiste en resistirse a aceptar sin condicionamientos el «modelo de salida de la crisis» que habrían intentado imponerle desde la Casa Rosada, para que contraste con su supuesta pretensión de abrir ya canales de diálogo con los gremios, con las paritarias reactivadas y la participación, incluso, del crítico obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín. «Peralta no es Sancho», graficó una fuente respecto del ex secretario general del gremio bancario y ex subsecretario de Trabajo de Kirchner gobernador.
Parte de la discusión habría estado centrada en la forma en que debería ser validada una eventual intervención del Ministerio de Trabajo nacional, que conduce Carlos Tomada.
«Peralta fue convocado por el Presidente por su experiencia como gremialista y funcionario de Trabajo», intentó explicar ayer un hombre cercano a Sancho, que hoy tendría la comunicación cortada con Kirchner, quien, en cambio, mantiene como hombres fuertes en el distrito a los ministros de Gobierno y de Economía, Daniel Varizat y Juan Bontempo.
La preocupación principal del primer mandatario está centrada en los comicios de octubre, ya que su candidata y hermana -la ministra de Desarrollo Social nacional, Alicia Kirchner- se niega a exponerse en las urnas mientras la provincia siga en estado incandescente y, de hecho, hace tiempo que no pisa la provincia por temor a sufrir escraches.
Más allá de estos tironeos, ayer -al unísono- fuentes del gobierno santacruceño y de Nación salieron a desmentir una inminente catarata de renuncias (ver aparte).