Los miembros de la fuerza nacional compensarían la falta de patrullajes por la rebelión policial.
Santa Cruz - Tal como estaba previsto, el Gobierno de Santa Cruz solicitó ayer a la Nación el envío de fuerzas de seguridad federales a la provincia para contrarrestar la ausencia de efectivos provinciales que cumplieron quince días de paro en reclamo de mejoras salariales.
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Así lo confirmó la ministra de Gobierno santacruceña, Paola Knoop, al señalar que redactó una nota a la titular de la cartera de Seguridad nacional, Nilda Garré, para que se ponga en acción la Ley 24.059 de Seguridad Interior y se autorice a las fuerzas federales a auxiliar en el control de la seguridad interna de la provincia, tal como había anticipado Ámbito Nacional en su edición de ayer.
Sin embargo, habrá que esperar para saber cuál será la respuesta del Gobierno nacional al pedido de Peralta, ya que días atrás Cristina de Kirchner, ante el piquete de Los Dragones en Chubut, anunció que de ahora en más la Gendarmería no intervendría en conflictos provinciales. Fue luego que al menos nueve efectivos federales murieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de liberar la ruta bloqueada por activistas.
Mientras los policías mantienen las medidas de fuerza, se estima que aumentaron los casos delictivos por la falta de custodia en las calles y sólo en Caleta Olivia se registraron más de 50 delitos el fin de semana. Por este motivo, el intendente de ese municipio decretó el cierre por 24 horas de los comercios para evitar el aumento de los robos.
Este domingo en Puerto Deseado el gobernador Daniel Peralta había adelantado que de continuar la medida de protesta no quedaba más remedio que declarar la emergencia en seguridad en la provincia, a fin de solicitar el envío de fuerzas federales.
Sin embargo, la ley nacional no requiere esta declaración de la provincia, sino que en su articulado establece que sólo es necesario el pedido del gobernador.
De esta forma, Knoop aseguró que finalmente no se avanzará en el decreto de emergencia, ya que se puede pedir el envío de efectivos a través de la aplicación del capítulo IV de la Ley de Seguridad Interior, a la cual Santa Cruz está adherida.
Esa norma establece que el gobernador podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad del Estado nacional cuando «estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada».
Junto con el pedido de aplicación de la ley y su consecuente autorización para que actúen las fuerzas federales apostadas en Santa Cruz se eleva un informe del jefe de Policía sobre cómo está la situación en territorio provincial, el nivel de acatamiento de la medida de fuerza y los riesgos que se corren.
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