Santa Cruz: temen el viernes nuevos incidentes con pesqueros

El conflicto pesquero en la provincia natal de Néstor Kirchner se agravó ayer, al no llegar a buen puerto las negociaciones de los trabajadores marítimos de Puerto Deseado -donde ya hay un fuerte despliegue de Gendarmería- con las empresas, que ayer cuestionaron a los gobiernos nacional y provincial y reclamaron que intervenga la Justicia por los destrozos en el marco de los serios incidentes del 20 de julio.
En cambio, en el caso de Mar del Plata, fue sellado un acuerdo entre trabajadores y empresarios -con mediación del gobierno bonaerense- para levantar la medida de fuerza que paralizó durante más de diez días el puerto local.
En Santa Cruz, el escenario es seguido con preocupación por el Presidente, ya que el viernes deberá volver a pisar la provincia -más precisamente, Los Antiguos- junto a Cristina Kirchner y al propio líder de la CGT nacional, Hugo Moyano.
Precisamente, en su último desembarco en la provincia, en Puerto Santa Cruz, el matrimonio presidencial debió toparse con los disturbios de los pesqueros, que opacaron el debut de la primera dama como candidata presidencial. Anticipando quizás este escenario, el líder camionero ya debió reprender al titular del gremio de los marítimos a nivel nacional, el kirchnerista Omar «Caballo» Suárez, por no poder controlar a los díscolos de Puerto Deseado.

 Violencia

Ayer, Moyano cuestionó públicamente los disturbios. «Ningún trabajador intenta quemar su herramienta de trabajo», disparó, además de advertir que «algunos reclamos tienen algún otro contenido, que no son los legítimamente laborales».
La revulsión tuvo su rebote el lunes en la localidad de Caleta Olivia, donde el raleado ingreso de materia prima y una interna entre marineros de las dos ciudades desencadenó en piquetes frente al puerto y municipalidad.
Ante este delicado marco regional, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, optó por cercenar un potencial efecto contagio y citó a una mesa de diálogo que reunió a empresarios del sector y sindicalistas.
Veamos el panorama que mostró ayer Puerto Deseado. Nuevamente fracasaron ayer las negociaciones -con mediación del gobierno de Daniel Peralta- entre los trabajadores marítimos nucleados en el SOMU y las empresas, luego de que los dirigentes tildaran de «burla» la oferta de suba salarial de $ 200 por «zona desfavorable».
«El diálogo con las empresas está cortado, y el gobernador dio todo su apoyo a los marineros», dijo anoche un allegado a Peralta a este diario. El gobernador viajó ayer a Buenos Aires, aunque la fuente descartó que la agenda contemple en principio un encuentro con los empresarios pesqueros.
Ante este escenario, los sindicalistas decidieron regresar ayer a Puerto Deseado para discutir la propuesta en asamblea. Allí ayer el clima era de suma tensión por la falta de respuestas y los rumores sobre que algunas empresas estarían evaluando abandonar el lugar, por lo que volvió a instalarse el fantasma de los incidentes. La protesta lleva ya cerca de un mes y jaquea gravemente la producción pesquera local.
Desde la vereda empresarial, en tanto, los titulares de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores Argentina (CAPECA) y de la Cámara Argentina Langostinera Patagónica (CALAPA) enfatizaron que «las autoridades provinciales y nacionales deben garantizar el respeto a la propiedad privada, a la seguridad de las personas y al derecho a trabajar» y reclamaron «que actúe la Justicia» y que «se castigue a los culpables y se imponga el orden» por los destrozos.
En sintonía, la Coordinadora de Productos de la Industria de la Alimentación se solidarizó ayer con las empresas y reclamó «a las autoridades provinciales y nacionales que se restablezca la paz social indispensable para el desarrollo de las capacidades productivas».

 Dialoguistas

«Nos sentamos a hablar con la gente que nos incendió las plantas; pusimos la otra mejilla y no pudimos llegar a un entendimiento lógico», lamentó, en tanto, el titular de CAPECA, Alfredo Pott, aunque aclaró que el diálogo «no está roto» y recalcó que los gobiernos nacional y santacruceño les aseguraron que van a «colaborar» para remediar los destrozos, tal como lo adelantó este diario.
En este marco, ayer se presentaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde concretaron el pedido de un procedimiento preventivo de crisis y declararon que no harán «ninguna propuesta fuera del marco legal». Ese proceso avala la suspensión del personal sin goce de haberes por hasta 75 días, o el despido de la mitad del personal en caso de agravarse la situación.
Los empresarios además aseguraron que directivos están «recluidos en las compañías», mientras que otros tuvieron que viajar a Chubut por «miedo». «Estamos secuestrados en las empresas, ya que no se puede circular», denunció Pott.
Por su parte, el presidente de CALAPA, Darío Baroli, confirmó que el conflicto con las pesqueras se trató durante el viaje que Cristina Fernández realizó a España la semana pasada. En tanto, el español Rubén Celaya, responsable de la planta Arbumasa, afirmó que las autoridades españolas conformaron un comité de crisis que actuó durante la madrugada del 21 de julio, liderado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El viernes, ante la falta de acuerdo, el propio Peralta había amenazado con rescindir los permisos de pesca a las empresas en cuestión, muchas de ellas españolas.