Buenos Aires - El Gobierno de Daniel Scioli salió ayer a defender la decisión de avanzar en el uso de fondos del superavitario Instituto de Previsión Social (IPS) para afrontar los gastos de la provincia.
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La estrategia es fuertemente cuestionada, incluso a nivel judicial, tanto por los gremios como por referentes de la oposición.
Según Scioli, con las políticas de control de gastos y generación de recursos llevadas adelante por su gestión, la provincia, «al contrario, se va desendeudando en forma permanente en términos reales».
Incluso, destacó el mandatario justicialista, «ha bajado el monto de los recursos en todo este tiempo que venía tomando históricamente» la provincia de parte de organismos como el IPS.
En sintonía, el flamante ministro de Economía, Alejandro Arlía, aseguró que «el Estado provincial está en buenas condiciones de garantizar la devolución de todos los títulos que tiene». «No está en default e, incluso, adhirió al canje de las deudas de todas las provincias y paga religiosamente todas sus obligaciones; no hay elementos para desconfiar, salvo el prejuicio y la intencionalidad política», remarcó, en declaraciones al diario Hoy.
En esa línea, el sucesor de Rafael Perelmiter resaltó que «se van a usar todos los instrumentos financieros, como se utilizan en todas partes del mundo, preservando los recursos de quienes nos los prestan».
Crítica
Desde la vereda opositora, la avanzada cosechó ayer la crítica del diputado nacional y candidato del PJ disidente, Francisco de Narváez, quien consideró que se trata de «una mala práctica» y la comparó «con lo mismo que viene haciendo el kirchnerismo con los fondos que eran de las AFJP. Esos fondos son de los jubilados y pensionados y deben permanecer para ellos», remarcó.
El pasado lunes Scioli aceleró los pasos para emitir Letras de Tesorería por hasta $ 1.600 millones para ser entregadas al superavitario IPS, y así poder utilizar -canje mediante- parte del excedente del organismo para financiar su política de gastos.
Promulgación
En medio de una fuerte polémica, la operatoria había sido aprobada por la Legislatura como parte de la sanción del Presupuesto 2009 en diciembre.
Faltaba la promulgación por parte de Scioli, que finalmente fue publicada en el Boletín Oficial y por la cual autoriza a la Tesorería General de la provincia a emitir las letras previsionales del Tesoro.
El avance revivió la polémica con los gremios, que cuestionan el uso de los fondos previsionales.
De hecho, los estatales nucleados en ATE se manifes-taron «en estado de alerta y movilización» permanen-te, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses pidió la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto ante la Suprema Corte de Justicia.
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