Se profundiza conflicto judicial en Buenos Aires

Solá negó, además, que el conflicto sea similar al que el gobierno nacional mantiene con los trabajadores del hospital Garrahan al afirmar que «con los judiciales tenemos una historia de conversación de muchos años» . «Ellos (los judiciales) se equivocan porque mientras hay negociaciones no debe haber paros; si las negociaciones fracasaran, el paro es el recurso», expresó el mandatario provincial. Y dijo que «hay una tendencia a exagerar y a usar los paros de manera extorsiva, es decir `si no hay arreglo ya, sigue el paro’ cuando es al revés, lo que hay que hacer es sentarse y negociar, y la negociación no tiene por qué ser corta y si fuera corta, indicaría que el gobernador regala parte del presupuesto de la provincia y perjudica a otro».
«Yo debo defender el presupuesto, debo negociar a través de ministros de manera seria y dura teniendo en cuenta el presupuesto, ya que esto no es `se pide y se da’ ello llevaría a la provincia a un desastre y yo no la voy a llevar al desastre», aseguró.
  Movilización
Por su parte, los sindicalistas adelantaron que una columna de trabajadores se movilizará mañana hasta Bahía Blanca para trasladar las demandas gremiales al presidente Néstor Kirchner y al gobernador, quienes visitarán esa ciudad del sur bonaerense (ver aparte). Precisaron que al día siguiente marcharán nuevamente en La Plata hacia la Casa de Gobierno en reclamo de «una reunión urgente con Solá», en tanto los dirigentes afirmaron, además, que el gremio se reunió ayer con el titular de la Suprema Corte de Justicia, Héctor Negri.
Según informaron, el integrante de la Corte se comprometió a convocar al resto de los ministros para interceder ante Solá. Los empleados judiciales demandan una recomposición salarial y la puesta en marcha de la ley porcentual, por la cual los haberes de los judiciales «se enganchan» al salario de los jueces de la Suprema Corte en porcentajes para cada categoría del escalafón. Ese régimen se aplicó en la provincia hasta fines de los ’0, cuando fue derogado y, de instrumentarse ahora nuevamente, significaría fomentar «una espiral salarial imposible de afrontar», consideraron fuentes del gobierno provincial.