Volviendo al caso neuquino, el gobierno helvético salió en defensa del ciudadano italiano pero con la doble nacionalidad suiza, Domenico Pancciotto, debido a la existencia de un acuerdo bilateral firmado entre ese país y la Argentina de protección a las inversiones de sus ciudadanos en estas tierras. De acuerdo con fuentes oficiales de la Corporación Pulmarí y por documentación mostrada por el propio concesionario, tanto las inversiones que superan los 3 millones de dólares como el ingreso del dinero se ajustan a las normas establecidas por la propia concesionaria y a las leyes argentinas que regulan y fiscalizan el ingreso de divisas. Denuncia Precisamente esta operatoria y sus derechos adquiridos es lo que reclama Pancciotto en una denuncia que presentó en el Juzgado Federal de Zapala, donde se incorporará en los próximos días el suspendido juez federal Caro. Los fondos fueron ingresados a través del Banco de la Nación Argentina e invertidos en una hostería de cinco estrellas que se encuentra edificada a orillas del Lago Pulmarí, en medio de bosques de araucarias y en un predio de 2.000 hectáreas, aunque en la Cordillera la extensión aprovechable de los campos comparada con la Pampa Húmeda es de 10 por ciento. En ese predio, el italosuizo se dedicó a la cría de ciervos -colorado, damas y chinos- pero no como coto de caza sino como avistaje de los animales, a los que no se puede tocar. Sólo el estudio de impacto ambiental demoró cuatro años y esta ocupación del terreno por parte de los mapuches -la hostería aún permanece desocupada- ya le ha provocado cuantiosos daños porque al introducirse ganado vacuno, los ciervos se han dispersado hacia las montañas altas pese a la existencia de fuertes capas de nieve. Pero el problema es mucho más grave y profundo que el reclamo de un inversor extranjero por garantías jurídicas. En las inmediaciones también se encuentran otros campos de grandes inversores, como los pertenecientes a las familias Roemmers, Larminat e Hiriart, estos últimos vinculados familiarmente con la mujer del ex presidente de Chile Augusto Pinochet. Los mapuches ya han anticipado que avanzarán sobre estas tierras apenas la nieve permita despejar los accesos. Pero, además de estos grandes concesionarios, existen más de 100 pequeños y medianos que recibieron tierras para emprendimientos turísticos, como para pasturas y cultivos, y están decididos a defender la ocupación de sus terrenos. Desde el viernes pasado, en las proximidades del lago Ñorquinco, casi en el límite con Chile, hay ganaderos armados que juran resistir por las armas cualquier intento de ocupación. De acuerdo con testimonios de los pobladores de Aluminé, cabecera del departamento donde se encuentran las 70.000 hectáreas de Pulmarí (de jurisdicción nacional, ya que la provincia anunció recientemente que se retirará de la sociedad con sus otras 40.000 hectáreas), el problema es de vieja data y forma parte del anunciado proyecto de la Confederación Mapuche de crear un territorio independiente de la Nación argentina, que recientemente reivindicara la dirigente Verónica Huillipan ante las cámaras de «Canal 13», del monopolio Clarín, y que mereció la repulsa de la comunidad local. Huillipan dijo que desconocía las leyes civiles y penales argentinas y que la bandera del país no la representaba. Asesores Debajo de Huillipan se mueven Roberto Ñancucheo, asesor de DElía, y Jorge Nahuel, que se desempeña en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Este instituto es el encargado de atender la problemática indígena, y la Confederación se ha visto favorecida por un préstamo de 1,5 millón de dólares del Banco Mundial. En realidad ese monto ascendía a 4,5 millones de dólares concedidos durante el gobierno de Fernando de la Rúa, pero recién fue repartido con la administración de Néstor Kirchner aunque fraccionado en tres partes y con destino a otras agrupaciones indígenas del interior del país. El aporte de la Nación de 1 millón de dólares se gastó en la elaboración del proyecto durante el breve ministerio de Graciela Fernández Meijide en Acción Social. Sin embargo, el premio mayor de la Confederación Mapuche fue obtenido gracias a un proyecto de ley que Alicia Kirchner logró hacer aprobar en el Senado unos días antes de que renunciara a ese cuerpo para retornar como ministra de Acción Social. Esa ley designará un fondo de 30 millones de pesos para las comunidades aborígenes; además, declara el estado de emergencia territorial para los asientos aborígenes y establece el concepto de no innovar cuando se produzcan estas ocupaciones durante cuatro años. Con todo, ni la Policía neuquina y muchos menos la Gendarmería han intervenido ante las ocupaciones. Sólo los primeros mantienen una discreta labor de vigilancia pero carecen de hombres y elementos para detener las tomas si los mapuches deciden avanzar sobre otras tierras, como lo vienen anunciando. La Justicia federal de Zapala se declaró incompetente y derivó la causa al Juzgado de Instrucción Penal a cargo del juez Raúl Domínguez, quien aún no decidió qué actitud adoptará. En tanto, el teniente coronel veterinario Juan Manuel Tripodi, a cargo de las 10.000 hectáreas del Ejército, ya prepara sus valijas para entregar la estancia a los mapuches, debido al acta-acuerdo que firmó Moreno con Huillipan, en menos de 30 días.
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