El proyecto fue creado por el gobernador Felipe Solá, pero en la Cámara alta ya había sufrido modificaciones que recortaron las ambiciones del mandatario. Así fue aprobado ayer por Diputados, es decir, excluyendo de los alcances de la norma a los judiciales y a los trabajadores de la educación, que tendrán un régimen específico. La norma dejó librado además para una futura ley específica la determinación y composición del órgano imparcial al que deberán someterse las partes en casos de conflictos colectivos generados en la negociación. Se prevé, en tanto, que serán materia de negociación obligatoria «cuestiones vinculadas con los servicios esenciales para la comunidad», y se considera como servicio esencial lo que establece la Ley Nacional 25.877, incluyendo la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, control del tráfico aéreo y servicios sanitarios y hospitalarios. Histórica El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, aseguró ayer que la norma sancionada «es histórica y revolucionaria y el mayor éxito de la gestión» de su cartera. «Histórica porque por primera vez las decisiones referidas al ámbito laboral público se decidirán en un órgano de representación equitativa y de diálogo permanente, y revolucionaria porque crea el ámbito de mayor representatividad democrática», detalló. En declaraciones que formuló en La Plata, el titular de la cartera laboral explicó que, además, el acuerdo al que lleguen las partes durante la negociación «será instancia inapelable de decisión».
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