En línea con los cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Justicia, también un lote de gobernadores mantiene pujas de diverso calibre con los magistrados locales.
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Las contiendas -que registraron particulares temperaturas en algunos distritos- se desplegaron tras desacuerdos en cuanto a los mecanismos de designación de jueces, por intensos reclamos salariales de los magistrados que los mandatarios optaron por postergar, también por la preocupación por el recorte presupuestario para el sector para este año y, en algunos casos, por acusaciones de presunta parcialidad de los tribunales en la definición de fallos que inciden en las rutinas políticas locales.
En diciembre pasado, Cristina de Kirchner le reclamó a la Justicia nacional «independencia de los poderes económicos que no son circunstanciales, que son permanentes y que nadie los vota», en el marco de la polémica desatada con la Corte Suprema por el incumplimiento de un fallo de desalojo del gremio de los aeronavegantes.
A nivel de las provincias, y aunque con matices, el lote incluyó en los últimos meses a los mandatarios justicialistas Mario Das Neves (Chubut), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y José Alperovich (Tucumán) y al socialista Hermes Binner (Santa Fe).
Veamos:
En Chubut, el peronista díscolo y presidenciable 2011 Das Neves se disgustó con un sector de la Justicia, tras conocerse a fines de noviembre un fallo que ordenó incrementar en un 35% los haberes de magistrados y funcionarios judiciales. El aumento previsto en el fallo de la conjueza de Comodoro Rivadavia María Alejandra Peralta incluye un retroactivo a 2008 y, según Das Neves, «implicaría muchos millones de pesos, los cuales lamentablemente no están disponibles».
En Chaco, en tanto, el justicialista Capitanich instruyó al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Juan Manuel Pedrini, para que inicie acciones de inconstitucionalidad sobre la designación de los últimos tres magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.
Ahora Pedrini tiene 30 días para recopilar elementos que prueben que el actual presidente del STJ, Rolando Toledo, y los jueces Ramón Ávalos y Ricardo Franco llegaron de manera irregular a sus cargos durante el por entonces Gobierno de la Alianza Frente de Todos, que hegemoniza el radicalismo.
Capitanich oficializó la medida ante los representantes del Foro por una Justicia Independiente, que se acercaron días atrás a la Casa de Gobierno en el marco de una marcha de repudio a la designación de Toledo como presidente del máximo órgano judicial de la provincia.
Por su parte, en Entre Ríos, el hombre del justicialismo K Urribarri sorprendió al sostener que «un juez suplente no es un juez independiente». «Las personas que van a decidir sobre la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos deben sentirse totalmente libres y estar debidamente amparadas por la Constitución», remarcó.
En paralelo, el mandatario también reprochó el hecho de que el Consejo de la Magistratura no haya elevado «en muchos casos» ternas de candidatos a cubrir puestos en la Justicia, «lo que -dijo- afecta la facultad constitucional del gobernador de elegir y designar a los jueces».
No obstante, poco después el mandatario relativizó sus dichos, que habían generado incomodidad entre los magistrados.
El marco santafesino para potenciar la puja entre Binner y la Justicia fue la definición del caso del juez destituido Carlos Fraticelli, quien pasó seis años detenido como aparente autor del homicidio de su hija adolescente y fue absuelto a fines de noviembre. El socialista puso en el tapete duras críticas para el máximo tribunal y consideró una «vergüenza» que se haya resuelto tras la orden de revisión de la Corte nacional. «Si yo fuese miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, hoy presentaría mi renuncia, porque sería la única salida ética después de esto», aseveró Binner y aprovechó para responder a las acusaciones previas del Colegio de Magistrados, que declararon que el sistema judicial estaba en «profunda crisis» por la desatención del Ejecutivo.
Las declaraciones de Binner no hicieron más que reavivar una vieja polémica, que había quedado en suspenso en diciembre de 2007, cuando el Gobierno resolvió analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
El plazo para cumplir con ese compromiso culminó la última semana de 2009, cuando se conoció la decisión de Binner de modificar con un decreto el órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces.
En sintonía, el polémico debate en torno al procedimiento de selección de jueces colmó la agenda judicial de Tucumán durante 2009, que cerró con el lanzamiento de los dos primeros concursos convocados por el Consejo Asesor de la Magistratura para cubrir los cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la capital y de los tribunales del Sur.
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