El proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por el voto del bloque del oficialista Frente para la Victoria, y dio pie a la reforma de Ley 10.547, vigente hasta la fecha. «No sólo amplía el concepto de industria en la provincia, sino que apunta a que la radicación de nuevas empresas en territorio bonaerense tenga un régimen más dinámico y atractivo», manifestó la ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi, una de las principales impulsoras de la promoción. Con la nueva ley se prevé una desburocratización de los trámites, imponiendo menos requisitos para las pymes. «En tres meses va a haber un certificado provisorio, y a los 12 meses, las empresas van a recibir los incentivos», informan desde la cartera de Giorgi. Los beneficios de la ley se extienden desde un mínimo de 3 años a un máximo de 10. La escala depende de las características propias del proyecto (mano de obra por tomar, inserción comercial externa, etc.) y del lugar donde se establezca (partido en el que se instale y si está en un parque industrial o sector industrial). La ley agrupa a los municipios en tres categorías por el grado de desarrollo industrial que presentan. Las ventajas impositivas aumentan a medida que decrece la categoría de industrialización en que se encuadra el distrito. A su vez, la normativa amplía el espectro de beneficios impositivos, según se trata de la etapa de construcción o montaje de las instalaciones industriales o la de desarrollo de la actividad promocionada. Además, se crea un Fondo de Promoción Industrial para el otorgamiento de subsidios en tasas y garantías para la construcción y equipamiento de plantas industriales; créditos a micro y pymes que no pueden acceder al sistema financiero; capacitación de mano de obra que se incorporará en nuevos emprendimientos y apoyo en la obtención de certificaciones de calidad.
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