Temen gobernadores otra ola de reclamos salariales

Los mandatarios todavía tienen fresco en la memoria el recuerdo de la amarga experiencia de 2005, cuando la unilateral política salarial llevada adelante por el Presidente desató una escalada de pedidos de recomposición de los sueldos en el interior del país, cuyas consecuencias hoy pagan los presupuestos provinciales.
«No se pueden seguir tomando medidas tan groseras», disparó anoche un ministro de Economía provincial consultado por este diario, sobre la posibilidad de un nuevo aumento del salario mínimo. Sueña Moyano con llevar ese piso a cerca de 1.000 pesos, para lo cual reclama la convocatoria inmediata del Consejo del Salario.
De plasmarse en la realidad el incremento, la medida desatará, previsiblemente, los planteos de los empleados provinciales, que exigirán una suba de ese tenor. «Tampoco el sector privado del interior está en condiciones de brindar un nuevo aumento», advirtió otro funcionario.
 Preocupación
Si bien no fue parte de la agenda oficial de discusión, el tema fue conversado ayer en los pasillos por técnicos de Hacienda provinciales, en el marco del encuentro de la Comisión Federal de Impuestos, realizado en Buenos Aires. «El más inquieto de todos fue un ministro de Economía muy allegado al kirchnerismo», dijo uno de los asistentes al cónclave.
En este marco, no se descarta que este escenario sea analizado en la reunión que mañana mantendrá el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, organismo conformado por un representante de Nación y por enviados de 8 provincias. Se trata de un ámbito más que pertinente, ya que la ley fiscal (que rige desde enero de 2005) pone un límite al gasto y al endeudamiento de los gobernadores. Un potencial nuevo aumento salarial generalizado amenaza con complicar el cumplimiento de la norma, que prevé sanciones para las provincias en rojo.
En la actualidad, cerca de la mitad de los presupuestos de las provincias está consagrado al pago de salarios. Ello muestra la grave incidencia que un nuevo anuncio de suba de sueldos tiene sobre las arcas provinciales, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional.
 Presión
En rigor, el límite fiscal de los gobernadores ya fue exigido en los dos años anteriores con constantes subas de salarios, al ritmo del aumento de la inflación. Esto provocó que el gasto público de las provincias amenace con trepar en 2006 a $ 75.860 millones, según estimaciones, superando en 18,6% el monto de 2005. De cumplirse esas previsiones, estimaciones privadas hablan de una merma de 18,1% en el superávit primario provincial 2006, que pasaría de $ 4.041 millones a $ 3.310 mi-
llones.