El concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Federico Pelli y el titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, por presunta falsificación de domicilios con fines electorales. La causa, que también pide investigar a funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renaper), quedó radicada ante la Justicia Federal con competencia electoral y expuso al desnudo la interna que atraviesa a la oposición provincial de cara a 2027.
La presentación acusa a los dirigentes libertarios de haber asentado domicilios que no se corresponden con su residencia real, con el propósito de cumplir con los requisitos legales para eventuales candidaturas.
En el caso de Pelli, quien aspira a la intendencia de Yerba Buena, el escrito detalla que el legislador realizó dos modificaciones sucesivas de domicilio en menos de 72 horas, el 3 y el 6 de julio de 2026, hasta registrar como dirección final una galería comercial y de oficinas sobre avenida Aconquija. Según Argiró, el propio Pelli habría reconocido en público que, en realidad, no vive allí sino en el barrio privado Alto Verde II, en la comuna de Cebil Redondo. Como respaldo, la denuncia incorporó una entrevista del 28 de julio en la que el diputado había afirmado: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente".
Sobre Catalán, exministro del Interior de Javier Milei y hoy director de YPF, el planteo apunta a un domicilio declarado en calle Italia al 700, en San Miguel de Tucumán. Se trata de un inmueble registrado a nombre de un tercero que funcionaría como sede partidaria de LLA, mientras que su residencia efectiva estaría en el barrio cerrado Las Acacias de Bella Vista, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. La causa también busca establecer si Catalán, que encabezó el ministerio del que depende el Renaper, pudo facilitar irregularidades en los trámites cuestionados.
Una interna que escala
La controversia venía escalando desde antes, con cuestionamientos públicos del diputado Mariano Campero hacia los dos dirigentes libertarios, en especial sobre Pelli, a quien había acusado de mentir sobre su residencia.
Además, la presentación judicial fue impulsada por el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, quien fue funcionario del gabinete cuando el "radical peluca" Campero fungió de intendente, lo que convierte al episodio en un capítulo más de la puja por el liderazgo libertario tucumano, a nueve meses de las elecciones provinciales previstas para el 9 de mayo de 2027.
Catalán no dejó pasar la denuncia y hace unos días, en una conferencia de prensa, apuntó contra el concejal Argiró y, sobre todo, contra quienes lo respaldan. Junto a Pelli, rechazó de plano las acusaciones y atribuyó la ofensiva judicial a una maniobra política impulsada desde el sector de Campero. Catalán, además, responsabilizó al diputado nacional por promover una estrategia para debilitar al espacio libertario provincial, al tiempo que -según otras versiones- acusó a sus adversarios de ser funcionales al oficialismo tucumano que conduce el gobernador Osvaldo Jaldo.
Un cortocircuito de larga data
La pelea entre Catalán y Campero viene de antes de el actual cortocircuito y tiene origen cuando la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le entregó a Catalán la conducción formal del partido libertario en Tucumán y lo empoderó como el armador provincial del espacio, en un movimiento que dejó a Campero -quien pretendía erigirse como la referencia libertaria tucumana- corrido de ese lugar. Desde entonces, el diputado nacional que había llegado al Congreso en 2023 dentro de Juntos por el Cambio, quedó afuera de la estructura partidaria. Es más, en una entrevista Catalán remarcó que Campero "no forma parte de La Libertad Avanza Tucumán" y que utilizó de manera "indebida y oportunista" los símbolos del espacio violeta.
Campero no resignó sus aspiraciones y buscó construir una alternativa propia dentro del universo libertario, apoyado en su vínculo con la senadora Patricia Bullrich, mientras Catalán intentó sostener el control del sello provincial en un contexto en el que, según trascendió, ni siquiera contaba con una definición pública clara de la conducción nacional respecto de la estrategia electoral en Tucumán. En ese marco de tensión, con diálogos frustrados para una eventual alianza de cara a 2027, la denuncia por los domicilios truchos de Catalán y Pelli se lee como un capítulo más de un enfrentamiento que ya lleva meses.
Ese malestar no es exclusivo de Campero. Se replica en los radicales de Yerba Buena y Concepción, dos municipios tucumanos gobernados por la UCR y que integran, junto al espacio de Campero, ese sector del radicalismo que se fue acercando al mileísmo. Allí la queja de fondo pasa, por otro lado, porque lejos de convalidar algún tipo de convivencia territorial que hubiera permitido construir una alianza opositora sólida para enfrentar al peronismo de Jaldo en 2027, LLA avanza con la intención de plantarles candidaturas propias y competitivas en esos distritos, incluida la candidatura de Pelli a la intendencia de Yerba Buena que motivó buena parte de la denuncia de Argiró.
Ese desembarco libertario sobre bastiones radicales, en lugar de un esquema de coalición que respetara a esas intendencias, es leído por dirigentes de la UCR local como una jugada que busca correrlos del tablero antes que sumarlos, y alimenta la desconfianza hacia Catalán en momentos en que la oposición tucumana necesitaría, más que nunca, presentarse unida.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal electoral, que deberá determinar si los cambios de domicilio respondieron a mudanzas reales o si se trató, como sostiene la denuncia, de una "apariencia documental" construida para cumplir con el requisito de residencia exigido a los candidatos.
