Causa YPF: Argentina y Burford se preparan para una larga batalla judicial

Preska recibió las presentaciones de los abogados del estudio que representa a la Argentina; como también la de los demandantes, los fondos buitre Eton Park y Burford. Se resolverá hacia el primer semestre de 2022.

Argentina y los demandantes el caso por la manera en que se reestatizó la petrolera YPF en 2012 ya saben algo: la causa que maneja la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, se tomará tiempo para resolver el fondo del conflicto; con lo que la resolución final de la primera instancia tomará tiempo. Probablemente, y si los argumentos argentinos sean los que se impongan, hasta bien ingresado el 2021. Y si es la posición de Burford la que se imponga, la demanda en ese tribunal se resolverá hacia el primer semestre de 2022.

Mientras tanto, las partes continuarán litigando largo rato y con audiencias cruzadas durante el resto del año. Por lo pronto, Preska recibió hoy las presentaciones de los abogados del estudio que representa a la Argentina; como también la de los demandantes, los fondos buitre Eton Park y Burford; para saber como sigue la causa luego que hace 15 días rechazara la posibilidad de mudar el juicio a Buenos Aires, tal como reclamaba el país. Sabiendo que será en Nueva York donde se dirima el pleito, que podría tener en juego entre U$S 3.000 y 5.000 millones. La jueza les informó a la Argentina y a los demandantes, que la próxima semana dirá cual de las dos posiciones tiene razón; y así determinar el largo cronograma que continuará.

En las presentaciones, quedaron además algunas cuestiones en claro para lo que resta la causa. Preska, a diferencia de su antecesor Thomas Griesa, muestra una posición mucho más ecuánime y "profesional" que el juez que definió a favor de los fondos buitre el juicio del Siglo. De hecho, manifestó nuevamente que la idea de mudar la causa a Buenos Aires que buscaban los abogados del país no era descabellada. Incluso reiteró, al igual que hace dos viernes, que "Argentina es una jurisdicción alternativa adecuada para el litigio", pero que elige permanecer en su juzgado "por los demandantes del fondo Eton Park tienen su sede en Nueva York ya que allí opera y este liltigio tiene una conexión significativa con esa ciudad" y a que "los diversos factores de interés público y privado favorecen, en gran medida, el trámite del litigio en Nueva York". En este punto, el principal litigante, el fondo londinense Burford, deberá agradecer a su primo menor Eton el hecho que la causa continúe en los Estados Unidos y no se haya mudado a la Argentina.

La segunda cuestión que quedó en claro, es que a partir de ahora se desprende de la causa cualquier tipo de responsabilidad del grupo argentino Petersen, ya que los propios demandantes los quitan del radar litigante. Según el escrito que se presentó de parte de Burford, "el grupo Petersen de la República Argentina no está vinculado a la causa, no participa de ella y no tendrá ningún beneficio ni económico ni legal en ninguna de las instancias de la corte". Con esto, Burford busca también que Preska desligue a Petersen del caso, evitando además que la jueza tenga en cuenta algunos argumentos expuestos por los abogados argentinos durante la gestión de Mauricio Macri. Si la semana próxima Preska avala estos argumentos, que no fueron contrarrestados por Argentina, Petersen quedará definitivamente fuera del caso.

El tercer punto que quedó firme, es que la causa tendrá ahora un largo peregrinar a partir de la apertura de la cláusula Discovery; algo reclamado tanto por la Argentina como por los demandantes. En el caso de Burford y Eton Park, quieren que se investiguen los daños económicos y financieros que provocó la manera de reestatizar la petrolera en 2012, así como la decisión de extender el juicio por parte de la Argentina. En el caso del país, el Discovery apunta a conocer si verdaderamente la causa de fondo tiene lugar, a partir de varios cuestionamientos legales. Entre ellos la caducidad del reclamo por no haber propuesto el país una extensión de la renacionalización de la petrolera al resto de los accionistas privados en 2012, y la supermacía del derecho público sobre el privado para justificar la manera en que se concretó la operación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Preska deberá atender las dos presentaciones, y definir en una semana a cual de las dos (o a ambas) le dará curso. Lo cierto es que cualquiera de los dos proceso de Discovery implicarán que este capítulo durará hasta bien entrado el 2021; con lo que su resolución demandará, al menos, un año más.

El principal demandante, el fondo Burford, había, había comprado el 70% de la causa por la presentación de la quiera de Petersen Energía en los tribunales de Madrid; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen; situación que el viernes fue nuevamente expuesta ante Preska.

El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

Fuentes cercanas a YPF sostuvieron que tanto el Estado nacional como YPF, habían solicitado que el juicio tramitara en Argentina porque todo sucedió en esta locación y los elementos para definir el caso son argentinos (YPF, la ley de soberanía hidrocarburífera sancionada por el Congreso de la Nación, testigos, etc.). Por otro lado, si bien la jueza definió que no fuera así, había solicitado que las partes presentaran la propuesta de cómo debía seguir el caso. Esto refiere a los próximos pasos en lo procesal. En este sentido, desde YPF señalaron que la pretensión oficial es que esta cuestión se resuelva con expertos en derecho argentino, argumentando que hay cuestiones jurídicas que deben resolverse antes del proceso. A tal fin, sostuvieron que se está elaborando una propuesta a la jueza con expertos en derecho constitucional y societario para que el juicio comience con este análisis legal primero. Luego, que se realice el Discovery.

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