Berhongaray declara por la fiebre aftosa

El ex secretario de Agricultura Antonio Berhongaray, deberá declarar por su responsabilidad en el control del brote de aftosa en rodeos argentinos, que derivó en la suspensión de exportaciones cárnicas durante un año. Los fiscales que instruyen en la causa, Guillermo Marijuan y Oscar Amirante, precisaron que el dirigente de la UCR pampeana deberá responder ante el juez Adolfo Canicoba Corral por el presunto «incumplimiento en los deberes de funcionario». La causa comenzó tras la denuncia de un abogado en representación de productores rurales, que culparon a Berhongaray por el rebrote de la aftosa que provocó pérdidas estimadas en u$s 1.000 millones al suspenderse las exportaciones por la presencia de la enfermedad en el ganado argentino.

Hacia finales de 2000 se detectaron casos de fiebre aftosa en rodeos del Litoral y la Pampa Húmeda, luego de que se había suspendido la vacunación del ganado durante los últimos meses del gobierno de Carlos Menem.

•Denuncias

A pesar de las denuncias de productores y de entidades rurales, el secretario de Agricultura y el entonces titular del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), Víctor Machinea, salieron a negar la presencia de la enfermedad, porque su reconocimiento implicaba volver a vacunar. Esa situación, de repartir vacunas contra la enfermedad, implicaba un retroceso en la posición que había logrado la Argentina al tener el estatus internacional de país productor de cortes cárnicos libre de aftosa sin vacunación. La denuncia contra Berhongaray se argumenta en que el ex funcionario cometió «omisión» al ignorar la presencia de la enfermedad para no perder ese estatus. Sin embargo, la falta de vacunación provocó que la aftosa se extienda a vastas zonas, con la consecuente aplicación del rifle sanitario y la suspensión de las exportaciones por decisión de las autoridades sanitarias de los mercados compradores. La suspensión total para las exportaciones cárnicas comenzó en marzo de 2001 y se extendió hasta mediados de febrero pasado, lo que provocó una pérdida estimada en u$s 1.000 millones para el sector.