EL INTA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo descentralizado del área de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Fue creado por Ley en 1956 para "impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural". Está constituido por 11 Institutos de Investigación, 45 Estaciones Experimentales Agropecuarias y 150 Agencias de Extensión Rural, distribuidos en todo el país. El Presidente del Consejo Directivo es el Ing. Agr. Guillermo Moore de la Serna y su Vicepresidente el Dr. Manuel Otero.

La misión del INTA es contribuir al desarrollo sustentable a través de la generación, difusión y adopción de tecnologías propias. Busca a asegurar una mayor competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial, en un marco de sostenibilidad ecológica y social.

El INTA es el instrumento clave para concretar las políticas agropecuarias definidas por el Estado. Impulsa la investigación, la experimentación y la extensión agropecuaria, brindando soporte social y técnico a las actividades del campo, asegurando el arraigo de la familia rural, elevando el nivel de vida de la misma y permitiendo el desarrollo de los sectores económicos vinculados.

Sus roles incluyen la generación de conocimientos y tecnologías para procesos y productos agropecuarios, forestales y agroindustriales y la adaptación de tecnologías desarrolladas para hacer un uso más racional de los talentos humanos y de los recursos financieros. También se ocupan de la transferencia y generación de procesos de aprendizaje en el sector rural y agroindustrial. Mediante esas actividades apoyan a que los circuitos productivos permanezcan en la frontera de la innovación contribuyendo al incremento del PBI y las exportaciones y al desarrollo de las economías regionales, preservando siempre los recursos naturales y el medio ambiente.

CRISIS

La crisis del INTA se inició cuando su presupuesto pasó a depender del Tesoro Nacional y dejó de financiarse con un aporte proveniente de las exportaciones agropecuarias como lo establece su Ley de creación.

El desarrollo agropecuario y agroindustrial requiere de un gran impulso oficial que permita recuperar un nivel de eficiencia general compatible con el nivel tecnológico alcanzado por la ciencia y la tecnología de los países de avanzada, para lo cual se requiere de un régimen de financiación que asegure la estabilidad y continuidad de las actividades programadas por el INTA.

El actual presupuesto del INTA de 107 millones de dólares, fue reducido en 23 millones de dólares en los últimos dos años, y sufrió con la actual administración un recorte adicional de 1.2 millones de dólares. El presupuesto para el 2001 arroja un nuevo recorte de casi 3 millones en relación al ejercicio 2000, sumándose así a las continuas podas que, en forma ininterrumpida, se han producido en los últimos años.

La disminución de gastos operativos para ese organismo alcanzó a un 48% acumulado en los últimos dos años. La rebaja presupuestaria unida a la disminución salarial, que para el caso de los trabajadores e investigadores del organismo, acumulo el 12 % de descuento común a todo el personal estatal, mas una baja complementaria del 15 %, pone al INTA en una delicada situación operativa. En la última década se redujo un 41% el personal, crisis que se sigue profundizando aún más con los retiros voluntarios y jubilaciones, ya que el 75% del plantel técnico supera los 45 años y solo el 3% es menor a los 30 años.

Estas medidas de ajuste afectan seriamente la continuidad de muchas líneas de trabajo y el adecuado mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento necesario. También puede incrementar el éxodo de los investigadores.

Los reclamos del sector agropecuario versan en torno a dos premisas básicas: La autarquía financiera plena, a través de la vigencia de la Ley de creación del INTA y un presupuesto adecuado para el pleno funcionamiento de la Institución, que garantice la ejecución de un plan estratégico.

La preocupación de los entes rurales se cristalizó en una reunión sostenida en el seno de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. Al respecto se anunció el ingreso a la Cámara de un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo un refuerzo en las partidas presupuestarias de esa Institución.

El INTA expuso formalmente ante la Comisión las acciones inmediatas en el plano institucional y los lineamientos para su readecuación, planteando la delicada situación financiera que en el muy corto plazo obligaría al cierre de unidades y a la paralización de actividades sustantivas.

En el marco de lo que definieron como la carencia de una política agropecuaria nacional, los legisladores expresaron unánimemente su preocupación por las economías regionales y el futuro de los pequeños productores, remarcando el rol del Instituto en esos ámbitos.

A pesar del amplio respaldo del que gozaba esta postura, a la cual adhirieron entidades de productores, del ámbito legislativo y de figuras claves del Gobierno Nacional, encontraron un obstáculo en ciertas áreas técnicas del Ministerio de Economía. En este contexto, esta semana tuvieron lugar movilizaciones de los empleados del organismo. El titular de la Asociación que agrupa al personal (APINTA), Alfredo Ascaso, responsabilizó al secretario de Hacienda, Mario Vincens, de «articular el recorte y de frenar la autarquía en la Cámara de Diputados» e indicó que «quiere evitar la recaudación específica de un impuesto, y seguir manejando las partidas centralizadas sólo desde el tesoro, como piden los organismos crediticios internacionales».