El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, declaró por siete meses el estado de emergencia o de desastre agropecuario para las explotaciones rurales de toda la provincia afectadas por la sequía, en una medida que calificó como "de necesidad y urgencia".
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La decisión del gobernador, contenida en un decreto de carácter "excepcional" por la crítica situación que atraviesas las explotaciones agrícola ganaderas, tuvo en cuenta la posibilidad de que este fenómeno climático se prolongue sobre la región y es el paso previo para obtener los beneficios del decreto 33/2009 dispuesto por el Gobierno nacional.
Scioli consideró que "el presente decreto permitirá atenuar el impacto económico producido" en el campo bonaerense y recordó que "el dictado de normas de necesidad y urgencia, cuando medien circunstancias que así lo justifiquen, ha sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina".
"La gravedad de la situación hace menester recurrir al dictado de una norma de necesidad y urgencia a fin de atender la situación planteada, sin perjuicio de la intervención de las Comisiones Locales de Emergencia Agropecuaria y la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires", destacó Scioli en los fundamentos del decreto.
Quedó expresamente aclarado que la aplicación del decreto y el acceso a sus beneficios "queda supeditada a la presentación de las declaraciones juradas de Emergencia o Desastre que hagan individualmente los productores afectados".
El decreto instruye al Banco de la Provincia y a la Agencia de Recaudación (ARBA) para que adopten las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios contemplados en el decreto.
En el caso del Bapro, durante el período de vigencia del decreto, que va del primero de enero de este año al 31 de julio próximo, se posterga el pago de las cuotas de los créditos que hayan tomado con esa entidad los productores perjudicados por la falta de agua. Mientras que ARBA suspenderá el cobro de los tributos provinciales en los casos de productores declarados en emergencia, mientras que dejará de cobrarlos a los contribuyentes que se encuadren bajo la declaración de desastre agropecuario.
En el decreto, el gobernador mencionó que la "grave situación" ocasionada por la sequía "ha sido evaluada oportunamente por el servicio técnico específico del Ministerio de Asuntos Agrarios mediante información meteorológica (estadística y satelital), informantes calificados, chequeo a campo e imágenes satelitales y en la consulta sobre la magnitud de los perjuicios sufridos en la producción o capacidad de producción a Comisiones Locales de Emergencia Agropecuaria".
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