La venta de maquinaria agrícola cayó hasta 20%
Pero ese empuje y ese nivel no se pueden mantener si no hay una demanda sostenida que justifique tan fuerte inversión.
Vale como ejemplo el último modelo de cosechadora lanzado al mercado, pulverizadores autopropulsados, las nuevas plataformas recolectoras de maíz y girasol, varias sembradoras de siembra directa y convencional cuyas performance han dejado fuera de mercado a sus competidores provenientes de firmas multi-nacionales.
Es decir que pese a todo, hoy existe en los empresarios del sector el espíritu de lucha suficiente como para seguir acompañando la labor del campo brindando la maquinaria necesaria en calidad y cantidad.
Medidas
Sólo se le ha pedido al Estado para sostener esta importante fuente de trabajo radicada en el interior del país, una medida compensatoria para equilibrar la ventaja competitiva que significa para nuestro socio vecino tener un signo monetario devaluado 100% respecto del nuestro. Este pedido fue acompañado por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires que conocen muy bien esta situación y el propio gobierno nacional dio su visto bueno. Pero lo que lamentablemente no se podía prever era que una medida tan simple como ésa pudiera demandar meses en ponerse en práctica. Tanto demoró que cuando salió publicada en el Boletín Oficial ya hacía 20 días que había vencido su vigencia.
Realmente un caso insólito, pero preocupante si nos detenemos a pensar en las consecuencias negativas que un episodio de esa naturaleza puede acarrear. Este decreto que es prórroga de uno anterior de iguales características fue anunciado por la Secretaría de Industria en junio con el compromiso de su pronta aprobación. El tiempo fue pasando y recién con la llegada de las nuevas autoridades a principios de octubre el trámite se completó y se pudo publicar en el Boletín Oficial.
Tiempos
¿Qué es lo objetable de este episodio? Primero que una medida destinada a la modernización del sector agropecuario, así reza el Decreto 919/00, haya estado detenido durante dos meses en el despacho del secretario de Hacienda por una interpretación personal y errónea de este funcionario sobre el uso de los bonos de reintegro fiscal que conforman la metodología de implementación del decreto. En segundo lugar las expectativas creadas a partir de su difusión que paralizó las ventas a la espera del anunciado reintegro fiscal o sea un efecto contrario al buscado.
Si además tomamos en cuenta que como corolario los bonos que se generen como consecuencia de su aplicación recién podrán emplearse a partir del 1 de enero próximo, lo cual significa un financiamiento encubierto a cargo de los fabricantes, queda configurado de esa manera el daño que le ocasiona al sector al que precisamente se lo quería «ayudar».
Aún hoy el tema no está totalmente resuelto. Se espera una resolución que viabilice la operatividad de dicho decreto, en la esperanza de que no vuelva a entrar en un cono de sombra y se malogre el esfuerzo realizado.
Es decir que muchas veces no son sólo causas ajenas las que actúan negativamente, impidiendo la reactivación y la generación de empleo sino que lo podemos encontrar también en los propios funcionarios que por ineptitud o ineficiencia convierten su gestión en un verdadero obstáculo. Dentro de este marco podríamos decir que la industria sobrellevó un duro año con caída en la producción de entre 15% y 20% por debajo del año pasado. Asimismo, las perspectivas para el año próximo no parecen mucho más alentados aunque abrigamos la esperanza de que al menos los factores externos, mejoren.

