Micotoxinas: el Estado debe actuar en granos

La inocuidad de los alimentos es uno de los puntos más sensibles en el comercio agrícola mundial y los Estados buscan emitir señales de su compromiso con este objetivo.

Un tema relacionado con la seguridad alimentaria es la presencia de micotoxinas en los embarques de maíz, trigo, maní, frutas secas y otros productos. Se trata de sustancias cancerígenas producidas por hongos, que contaminan el grano tanto durante la producción como después de la cosecha.

Según la FAO, al menos 77 países han puesto regulaciones específicas respecto de la presencia de micotoxinas en los alimentos, lo cual implica, naturalmente, los importados.

Los límites a la presencia de estas sustancias en los alimentos se miden en «partes por billón» y, dependiendo del país en cuestión, la tendencia es a reducir la tolerancia.

• Restricción

Esto lleva a que determinados productos, de ciertos orígenes, comiencen a ver restringido su acceso a los mercados. También según la FAO, la presencia de aflatoxina en el maíz de origen tailandés le cuesta 50 millones de dólares por año, en descuentos que sufre ese cereal respecto de otros con niveles tolerables de la sustancia. En tanto, cuando la Unión Europea impuso nuevos límites sobre micotoxinas, la India vio caer sus exportaciones de harina de maní en u$s 30 millones por año.

La Argentina, fuerte exportador de maíz y trigo, entre otros granos, podría verse afectada por nuevas y mayores exigencias en este sentido. En el caso del trigo, la presencia de micotoxinas (caso de la Deoxynivalenol o DON) está relacionada con el ataque del hongo fusarium graminearun, en el cultivo, que tuvo bastante incidiencia en Entre Ríos y en el sur de Santa Fe durante las últimas campañas con excepción de ésta. Problemas similares se pueden presentar en maíz, afectados por otro hongo propio de este cereal.

La propuesta concreta es que el Estado nacional adquiera a los productores las partidas de trigo, maíz o maní que presenten un alto grado de contaminación con micotoxinas, y proceda a destruirlo, para evitar que esas partidas ingresen en la cadena de comercialización. Por un lado, porque es sabido que lotes de trigo afectados con fusarium son comprados a los productores con precios de descuento y luego mezclados con trigo en buen estado, hasta llevarlos al límite del estándar comercial.

Así, ofrecer al productor comprarle ese grano a precio de mercado volvería este negocio inviable y sería una gran contribución a la inocuidad y seguridad del sistema alimentario argentino. Por otro lado, porque las micotoxinas pueden llegar al ser humano a través de carne de animales alimentados con granos contaminados. De manera que la destrucción sería una forma de asegurarse que esto no ocurra.

De hecho, la Administración de Inspección de Granos y Frigoríficos de los Estados Unidos hace algo similar en ese país, cuando detecta que una partida de cereal tiene niveles por encima de lo tolerado. Por ejemplo, deriva ese maíz a la producción industrial de etanol, impidiendo que sea utilizado tanto por la industria alimentaria como por la ganadería. Otra opción a analizar consistiría en implementar alguna estrategia por la cual las compañías aseguradoras puedan cubrir pérdidas por enfermedades, tal vez vía subsidio de las primas.

En este caso, habría que prever algún sistema de recuperación del grano afectado, que podría ser vía el cobro del seguro contra la entrega y la destrucción del grano. Sacar de circulación lotes de granos que podrían contaminar los productos que exporta la Argentina o los que consumen sus habitantes tal vez llegaría a ser una señal muy fuerte para el mercado internacional.