«Chile aplicó, a partir de noviembre de 1999, medidas de salvaguardia contra la importación de harina de trigo», informó ayer José del Carril, gerente de la Federación Argentina de la Industria Molinera.
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El valor de la protección surge de la diferencia entre el arancel consolidado ante la OMC, de 31,5%, y el arancel que se obtiene del régimen de bandas de precio aplicado al trigo, multiplicado por un factor de 1,56 para convertirlo en harina (cabe aclarar que el coeficiente técnico de conversión reconocido internacionalmente es de 1,33).
Esto en la práctica se tradujo durante el año 2000 en un arancel a la importación de aproximadamente 50%/60%, según el precio índice vigente para el cálculo de la banda, al momento de realizar el embarque.
De una forma u otra Chile siempre ha tenido algún régimen de excepción para dificultar el ingreso de harina de trigo, llámese aranceles específicos, valores aduaneros sobre los cuales aplicar derechos, y ahora el régimen de salvaguardia comentado.
Protección
«Toda esta política está dirigida a mantener una protección al sector productivo de trigo, que recibe de esta forma un sobreprecio, y a la industria local», dice la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Como dato ilustrativo, el precio interno del trigo en Chile en los últimos períodos fue de u$s 200,5 por t en 1998, u$s 195,7 por t en 1999 y de u$s 185,3 por t en 2000, diferencia que, en definitiva, paga el consumidor chileno.
El resultado de esta política ha sido que las exportaciones de harina de trigo a Chile se sitúen en valores mínimos, representando menos de 0,3% del consumo de harina.
A estas medidas habría que agregar el valor aduanero artificial establecido en el mes de junio a las premezclas de harina de u$s 1.200 la t, con retroactividad a las importaciones del producto realizadas entre enero y abril, aduciendo una subvaluación del producto, con lo cual se ha producido una parálisis en las operaciones ante el temor a nuevas medidas retroactivas, y otras medidas de tipo paraarancelarias, como una sobretasa de IVA para los distribuidores de harina importada y demoras en la emisión de los resultados de análisis del Instituto de Salud Pública.
En resumen, Chile, que aparece reiteradamente ante la opinión pública como firme defensor de la apertura comercial, condicionando su adhesión al Mercosur a la baja de los aranceles de importación, mantiene en estos productos una política diametralmente opuesta a la que pregona, con una protección de valores impensables.
Por ello, la FAIM solicitó al gobierno se tomen las medidas más convenientes para revertir este estado de cosas, apoyando la presentación realizada ante la OMC para constituir el panel de resolución de controversias. «El daño estimado a la industria molinera se podría calcular entre 10 y 20 millones de dólares», concluye la imformación.
