La prohibición del maíz transgénico GA21 sumó un nuevo capítulo con la acusación de la diputada nacional María del Carmen Alarcón acerca de que ninguna autoridad en el gobierno argentino ni en el Congreso de la Nación se ocupó en su momento de las dificultades que pudo traer su aprobación.
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Alarcón, quien dejó la bancada oficialista cuando se le quitó la presidencia de la Comisión de Agricultura, recordó que el año pasado presentó un proyecto de ley que dejaba sin efecto la resolución 71/2006 que liberaba el evento transgénico de la multinacional Syngenta. En un comunicado de prensa, la diputada por Santa Fe acusó que «una abrumadora mayoría de legisladores oficialistas y de la oposición ni se asesoraron por el tema que llevó al reclamo de la Unión Europea y, por supuesto, no nos acompañaron, ni trataron la cuestión en las comisiones de agricultura».
Alarcón - según el portal «noticiasagropecuarias.com»- apuntó como «funcionarios involucrados» al ex secretario de Agricultura Miguel Campos y al ex jefe de Gabinete de Agricultura Patricio Lamarca. Respecto del actual secretario, Javier de Urquiza, la diputada dijo que «nada dijo ni rechazó interna o externamente la resolución».
La diputada afirmó que quienes deberán pagar ahora «el desacierto» serán «los productores, los integrantes de la cadena agroindustrial y agroalimentaria, y los ciudadanos en especial».
La Resolución 71/2006 de la SAGPyA exceptuó por 90 días muchos de los requisitos necesarios para probar la inocuidad de los transgénicos a variedades de híbridos que contengan GA21, resistente al herbicida glifosato.
Alarcón consideró en su proyecto de ley que esa resolución era «un serio riesgo para la supervivencia del régimen de aprobación de eventos biotecnológicos en la Argentina y un serio riesgo para nuestra agricultura en particular y nuestro país en su conjunto».
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