Ovinos: apuestan a una recuperación del sector en diez años

Campo

La ley de recuperación de la ganadería ovina, sancionada por el Congreso Nacional, dispone aportes de 200 millones de pesos para el desarrollo del sector en los próximos diez años y habilita la aplicación de políticas activas en el agro, según puntualizaron funcionarios y legisladores.

«Por primera vez el sector tiene por delante una política de largo plazo que puede revertir la crisis de los ganaderos ovinos de todo el país», dijo que el diputado nacional Ricardo Patterson (UCR-Santa Cruz), impulsor de la iniciativa que contaba con media sanción de la Cámara baja y el jueves pasado fue aprobada en el Senado.

«La ley establece que el Tesoro nacional aportará 20 millones de pesos anuales durante una década y ordena la creación de un fondo fiduciario denominado Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) para administrar esos recursos» dijo el legislador.

«A los recursos estatales, que en diez años sumarán 200 millones de pesos, se sumarán donaciones varias, aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores; como también del recupero de los créditos que otorgará ese organismo», explicó.

Programas

Por su parte el subsecretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Eduardo Manciana, destacó que la «ley permitirá encarar programas tendientes a lograr un desarrollo sustentable de la ganadería ovina en todo el país y constituye una herramienta para la adopción de políticas activas en el sector».

Manciana indicó que «ahora corresponde encarar la tarea de reglamentar la ley», pero recordó que las reuniones organizadas en 2000 «con la participación de los gobiernos provinciales, organismos nacionales y asociaciones de productores» ofrecen elementos para acelerar el trabajo normativo.

«Los sucesivos encuentros concluyeron con la aprobación de un documento general que servirá de base para la proyección de los programas de desarrollo ovino para todas las regiones del país», explicó el funcionario.

En tal sentido, Patterson precisó que «la ley será de aplicación en las provincias que adhieran expresamente a sus lineamientos» y que «los gobiernos podrán potenciar los programas de desarrollo acompa-ñando el esfuerzo con incentivos impositivos provinciales».

Los fondos para la aplicación de la ley de recuperación ovina, que comenzará a regir en 2002, deberán incorporarse al presupuesto del año próximo y aunque hay programas listos para su aplicación inmediata los funcionarios no creen que puedan adelantarse las partidas para el actual ejercicio.

El programa de desarrollo más avanzado corresponde a la región patagónica donde ya se aprobó un «protocolo de calidad» para
la cría de ganado y producción de lana y carne con control de desertificación, mejora genética de los rodeos y diferenciación de la producción regional bajo normas de producción orgánica.

Estos proyectos se fueron delineando en sucesivas reuniones mantenidas con representantes de la producción y con la asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), explicaron voceros de la SAGPyA. También hay proyectos para el desarrollo de la ganadería ovina en la región central del país (La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y en las provincias del NOA, especialmente Jujuy, y la Mesopotamia. Los voceros de la SAGPyA indicaron que los «fondos se distribuirán con criterio estratégico privilegiando la promoción de políticas activas» en proyectos «con respaldo técnico que asegure el destino de la inversión en emprendimientos sustentables».

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