Urge recrear el Estado para vender productos frescos

La comercialización de productos frescos necesita una buena logística para cumplir con el abastecimiento del mercado.

La naturalidad propia de los productos frescos omite, a menudo, la compleja trama que subyace tras de ellos para garantizar su provisión a la población. Si bien cualquier niño sabe que los tomates y las manzanas que consume no se producen en su balcón, muy probablemente asignen esta función al verdulero y, escasamente a la intrincada red productiva y comercial que garantiza dicha satisfacción. Justamente la complejidad de esta última es la que determina la necesidad de conocerla para luego resolver cuáles son los mecanismos que se necesitan aplicar para que el objetivo final de garantizar el abastecimiento se concrete.

Por las décadas de los '50-'60 nuestro país abordó la resolución de la misma definiendo y estableciendo regulaciones publicas que tendieran a garantizar un abastecimiento ordenado de las grandes ciudades, procurando además cumplir con dos objetivos centrales: aumentar la transparencia comercial y asegurar la inocuidad alimentaria.

Los objetivos centrales de aquella política se fueron tergiversando por variadas y disímiles razones, culminando en la década de los '90, siendo una más de las áreas arrasadas por la ola desreguladora.

En la comercialización de productos frescos, el inicio de un nuevo siglo nos encuentra sin dudas (y lamentablemente como en tantas otras áreas) en un estado de situación igual o peor que hace 30 años.

Un marco normativo anacrónico y que aún recepta preceptos económicos de los '90, con ausencia de regulaciones para la actividad, un sistema comercial oscurantista, con una alta marginalidad fiscal y laboral y una ausencia generalizada y preocupante de controles sanitarios sobre los alimentos, dan cuentas claras de lo antedicho.

Este estado de abandono por parte del Estado en la fijación de una política pública para el abastecimiento de productos naturales prohijó un sistema comercial en estado de crisis terminal, con graves dificultades para garantizar la transparencia necesaria que beneficie a productores y consumidores, sin una información adecuada (salvo la provista por el Mercado Central) que mejore la planificación productiva, sin controles sanitarios (con idéntica excepción y honrosas excepciones ) que minimicen los riesgos sanitarios y sin ninguna política de promoción para el consumo de productos claramente benéficos para la salud humana.

En el marco del actual proyecto político en marcha, la recuperación del rol del Estado en la fijación de regulaciones claras y homogéneas en la materia es una urgente necesidad.

Una producción diversa y diseminada por todo el país, generadora de trabajo en forma intensiva, proveedora de más de 1.300 millones de dólares anuales de divisas, con indiscutibles efectos benéficos para la salud humana, no debe quedar librada a las arbitrarias asignaciones de un mercado comercial distorsionado. Entidades de productores, de comercializadores y asociaciones de consumidores, confluyen hoy en los mencionados objetivos.