El proyecto de “ley ómnibus” que ayer envió el Gobierno al Congreso habilita al Ejecutivo a tomar deuda externa sin la aprobación del Parlamento. La iniciativa incluye un apartado en el que se promueve derogar un artículo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N° 27.612 que obliga a solicitar la autorización al Poder Legislativo.
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Deuda: buscan facultar la toma sin aval de Congreso
También se elimina la exigencia de que en las reestructuraciones se mejore la tasa de interés, el plazo o el monto del pasivo original.
Justamente el punto central de la ley 27.612 era que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, necesitara autorización del Congreso de la Nación.
En el 2021, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, había impulsado dicha iniciativa para que “todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos” debiera ser aprobado por el Parlamento.
El artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública dispone: “La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.
Ahora, el artículo 107 del proyecto de ley ómnibus propone directamente derogar el artículo 1 de la ley sancionada en 2021. “Dentro de la ley ómnibus se habilita a tomar deuda externa sin aprobación del Congreso”, destacó al respecto el analista financiero Christian Buteler en sus redes sociales. Lo que no se modifica es el artículo 2, que explicita que nueva deuda con el FMI debe pasar por el Parlamento.
Por su parte, el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó que el proyecto de Javier Milei también plantea la modificación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que hasta hoy dispone que, si el Poder Ejecutivo considera necesario reestructurar su deuda, debe lograr una mejora en la tasa de interés, el plazo o el monto de la deuda original. “Con el cambio que impulsa el gobierno se eliminaría esta exigencia y se le permitiría al Poder Ejecutivo hacer operaciones de deuda pública que empeoren las condiciones financieras de la deuda vigente sin autorización del congreso”, advirtió.
Lo cierto es que, a través de la figura del ministro Luis Caputo, la actual administración se propone conseguir nuevo endeudamiento en los mercados internacionales como parte de su programa económico.
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