Más de 4.600 militares continúan desplegados en la capital estadounidense, mientras dirigentes locales cuestionan la intervención federal.
La Guardia Nacional lleva un año desplegada en Washington y su permanencia fue extendida hasta enero de 2029.
El gobierno de Donald Trump extenderá hasta enero de 2029 el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, una medida que comenzó como una respuesta temporal a la delincuencia y que ahora genera fuertes cuestionamientos de residentes y funcionarios locales. La presencia militar en las calles lleva un año y abrió una disputa por la autonomía del distrito.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Trump anunció el 11 de agosto de 2025 un operativo con fuerzas federales y efectivos de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. Un año después, la misión continúa y, según lo previsto, se mantendrá hasta 2029.
Hasta el 4 de agosto, más de 4.600 militares de Washington D.C. y de otros 24 estados y territorios seguían desplegados junto con una cantidad no determinada de agentes federales. Algunos efectivos podrían ser retirados hacia finales del verano, aunque la operación continuará.
Los pequeños grupos de guardias armados ya forman parte del paisaje habitual de la ciudad. Participaron en operativos de arresto, pero también fueron destinados a zonas turísticas y barrios con bajos niveles de delitos violentos, como Georgetown. Además, colaboraron en emergencias médicas, tareas vinculadas con la nieve y proyectos de embellecimiento urbano.
Según una estimación del Departamento de Defensa, mantener el despliegue hasta 2029 tendrá un costo cercano a los u$s1.400 millones.
La Casa Blanca defendió la medida. “El presidente Trump ha transformado Washington D.C., de una ciudad plagada de delincuencia, en un refugio seguro y hermoso tanto para residentes como para visitantes”, afirmó la portavoz presidencial Abigail Jackson.
Las autoridades atribuyen al aumento de la presencia policial más de 13.000 detenciones, según las cifras difundidas por la fiscalía estadounidense del Distrito de Columbia.
Sin embargo, los datos oficiales también muestran que la delincuencia ya venía descendiendo antes del operativo. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana, los delitos disminuyeron un 20% hasta el 7 de agosto respecto del mismo período de 2025.
La caída incluye una reducción del 32% en los homicidios, que pasaron de 97 a 66. En este contexto, persiste la discusión sobre cuánto de la mejora responde directamente al operativo impulsado por Trump y cuánto corresponde a los esfuerzos locales desarrollados durante años.
Para sectores críticos, la permanencia de tropas en las calles no está justificada por la situación actual. “El hecho de que la Guardia Nacional siga patrullando nuestras calles un año después, sin que se vislumbre el final, es realmente desmoralizador”, sostuvo la concejala Brianne K. Nadeau.
La intervención tiene una particularidad institucional: Washington D.C. es un distrito federal establecido por el Congreso, por lo que el presidente cuenta con un nivel de influencia sobre la policía y la Guardia Nacional que no tendría sobre los estados.
La Ley de Autonomía Local, aprobada en 1973, permite a los habitantes elegir a sus autoridades, entre ellas el alcalde y los concejales. Sin embargo, el Congreso mantiene supervisión sobre el presupuesto y las leyes locales y puede convocar a funcionarios del distrito para que rindan explicaciones.
Además, Washington D.C. cuenta con un delegado en el Congreso, pero ese representante no tiene derecho a voto. Nadeau consideró que esta estructura facilitó la intervención federal: “En realidad, los líderes nacionales no corren ningún riesgo político al meterse con Washington D.C. porque a nadie le importa”, afirmó, salvo a quienes viven directamente las consecuencias.
La disputa por la autonomía también se convirtió en un eje de las elecciones primarias demócratas de junio. Allí ganaron protagonismo candidatos que colocaron entre sus principales objetivos la autonomía y la posibilidad de convertir a Washington D.C. en un estado.
La presencia de militares también genera inquietud entre algunos habitantes por el impacto que podría tener durante las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año y las presidenciales de 2028.
Alex Dodds, cofundador de FreeDC, una organización que protesta contra el despliegue y sigue a los efectivos en distintos puntos de la ciudad, expresó su preocupación por la posibilidad de que las tropas permanezcan durante futuros procesos electorales.
“La última vez que se suponía que este presidente dejaría el poder, ocurrió el 6 de enero”, señaló. “Imaginen si eso vuelve a suceder, pero esta vez tiene 5.000 soldados listos para intervenir. Esa es nuestra preocupación”.
La alcaldesa saliente, Muriel Bowser, mantuvo una postura más moderada frente al conflicto. Su administración evitó los enfrentamientos directos con Trump y buscó preservar el margen de independencia que todavía conserva la ciudad.
Desde su oficina señalaron: “La seguridad y el bienestar de todos los habitantes de nuestra ciudad siguen siendo nuestra máxima prioridad, y la protección de la autonomía local continúa siendo nuestra guía”. Bowser también resumió su postura en un mensaje publicado en X: “Somos más que monumentos y política”.
La alcaldesa recordó que Washington está integrado por más de 700.000 estadounidenses que pagan impuestos, sirven en las fuerzas armadas, dirigen negocios y crían familias, pero no cuentan con representación con derecho a voto en el Congreso ni control sobre la Guardia Nacional del distrito.