600 comercios venderán "garrafa social" a $ 18

La Secretaría de Energía acordó ayer con la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (GLP) ampliar de 300 a 600 el número de comercios en todo el país que venderán garrafas de 10 kilogramos a 18 pesos, el mismo precio del invierno pasado.

Según fuentes empresarias, el acuerdo surgió tras una reunión que mantuvieron los representantes de la Cámara con el secretario de Energía, Daniel Cameron, y luego de que el gobierno anunció una investigación para detectar posibles abusos en este mercado que está desregulado.

Desde la devaluación, el gas en garrafa, que es utilizado por alrededor de 4,5 millones de personas, entre ellas los de menores recursos, aumentó más de 134%. En el invierno de 2003 hubo un acuerdo con las empresas productoras y fraccionadoras, como el alcanzado ayer, pero en ese caso las bocas de expendio eran 300 en todo el país, y el precio de la llamada garrafa social fue aumentando paulatinamente a partir de octubre.

Tras el acuerdo alcanzado ahora, el gobierno insistiría en lograr una rebaja en el precio del GLP en todas las bocas de expendio. En la negociación hay una velada amenaza de regular el precio del producto que está desregulado como los combustibles líquidos, aunque ya hay dos proyectos en el Congreso para declarar al GLP como servicio público.

También la presión oficial se manifiesta en la puesta en marcha de una investigación sobre el mercado del gas licuado anunciada el miércoles por el ministro Roberto Lavagna. Por otra parte, la suba de 5% a 20% en las retenciones a la exportación de GLP juega en favor de una baja en el mercado local.

• Variación

Según la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, los precios varían desde $ 19 en Catamarca hasta $ 29 en Formosa, para la garrafa de 10 kilogramos, con un promedio de $ 25.

Ayer, Lavagna retomó el tema y dijo que la mitad del GLP se exporta. También anunció que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analizará el sector durante los próximos 60 días para detectar posibles « prácticas anticompetitivas». Según la información oficial, la investigación será una actualización de estudios ya realizados por la Comisión de Defensa de la Competencia. Se analizarán:

• Participaciones de mercado de productoras, fraccionadoras y distribuidoras.

• Niveles de integración vertical de petroleras en la cadena de producción comercialización.

• Análisis de los contratos de venta entre los distintos agentes que participan del mercado.

• Verificación de cláusulas contractuales que restrinjan la competencia (venta al mercado interno y exportación).

• Acceso a facilidades esenciales (portuarias, gasoductos, almacenamiento) por parte de empresas que no son propietarias de las mismas.

• Evolución de precios domésticos, de exportación e importación, desde la devaluación de 2002.