BUENOS AIRES (Standard & Poor's) Feb 18, 2002 En la visión de Standard & Poor's, las calificaciones de las compañías argentinas continúan bajo presión a pesar del anuncio del veto parcial a la controvertida “ey de Emergencia Productiva y Crediticia”(conocida como la Ley de Quiebras) realizado el pasado viernes 15 de Febrero por el Gobierno de la República Argentina (calificado como 'SD' - Incumplimiento selectivo). Según Marta Castelli, Directora de Calificaciones Corporativas de Standard & Poor's, “i bien este veto parcial elimina algunas de las disposiciones más conflictivas de la ley, otras medidas tomadas recientemente por el Gobierno, tales como pesificación, congelamiento de tarifas, y controles de cambios, continúan deteriorando las calidad crediticia de las compañías argentinas”
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El veto parcial, introducido por el Decreto 318/02, eliminó, entre otras disposiciones, parte del Artículo 15 de la versión de la ley aprobada por el Congreso a fines de Enero de 2002. Este artículo establecía que los bancos contaban con un período de 90 días para acordar con cada uno de los deudores la reestructuración de los préstamos otorgados. Si al término del plazo estipulado no se había llegado a ningún acuerdo, las entidades financieras tenían que constituir previsiones por el 100% de los préstamos no acordados. Esta medida planteaba incentivos significativos y protección legal para que los deudores reestructuraran sus deudas tanto en moneda nacional como extranjera. Como ya lo había anticipado Standard & Poor's, la aplicación de este mecanismo hubiera implicado una renegociación compulsiva de las obligaciones financieras y bancarias, lo cual hubiera sido considerado como un incumplimiento.
A pesar de haberse eliminado esta potencial distorsión de la relación entre deudores y acreedores, todavía subsisten incertidumbres relativas a la capacidad de las compañías argentinas para hacer frente a sus deudas en tiempo y forma. En este contexto, resulta crucial la regulación del decreto Nº 214/02 que establece la pesificación de aquellas obligaciones financieras originalmente contraídas en moneda extranjera dentro del sistema financiero argentino e introduce un potencial cambio en el cronograma de vencimientos de estas deudas pesificadas. Standard & Poor's considera que estas disposiciones constituyen un cambio significativo en las condiciones de moneda, tasa y plazo originalmente pactadas para los financiamientos afectados que, al menos inicialmente, aparecen como perjudiciales para los acreedores y, por lo tanto, los considera como incumplimientos o “efaults” Castelli remarcó además la falta de certeza sobre el valor final a ser pagado por los deudores, una vez que comience a aplicarse el “ER”(Coeficiente de Estabilización de Referencia), índice por el cual se ajustarán las obligaciones monetarias pesificadas según lo establecido por el decreto Nº 214/02. “plainEsto, sumado tanto a una presión al aumento de los costos como consecuencia de la devaluación y el riesgo de inflación como la continua desaceleración de la economía plantea continuas amenazas a la capacidad y voluntas de las comapañías argentinas para cumplir con sus obligaciones”explicó la analista.
Para mayor información, por favor solicitar los artículos publicados el 11 de febrero de 2002 (Sabores y sinsabores de las nuevas medidas económicas para las compañías argentinas) y el 12 de febrero (“rgentina's New Bankruptcy Law Threatens to Hinder Credit Recovery: Updated” a [email protected].
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