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Está demorado el resto de las provincias, en especial los casos de Buenos Aires y Córdoba, los dos distritos que concentran los desequilibrios fiscales más importantes y cuyas cuentas son seguidas de cerca por el FMI.
• Plazos alargados
En el gobierno se relativizaron las demoras, y aseguraron que son producto de discusiones técnicas que se resolverán en el corto plazo. Aunque admiten que las dificultades planteadas alargarán los plazos acordados con el Fondo.
Lo que nadie dice es que la demora en la suscripción de esta carta de intención que apunta a achicar el déficit de las provincias se debe a los reclamos que llegan del interior. Exigen que Nación se ponga, previo a cualquier compromiso, al día con las deudas que mantiene.
En algunos casos, no son grandes esas deudas, aunque los gobernadores quieren asegurarse de que, desde el Palacio de Hacienda, se salden.
Otra provincia que firmará cuanto antes es La Pampa. Desde Santa Rosa se reclama por el desfinanciamiento que han sufrido algunas obras públicas de infraestructura consideradas clave en esa provincia. Es el caso del sistema de acueductos iniciados en tiempos de Carlos Menem -con financiamiento de créditos nacionales-, para el drenaje de zonas inundables.
Está claro que la prioridad para el oficialismo pasa por destrabar las negociaciones con Buenos Aires y Córdoba, los dos distritos a los que el FMI apuntó más duramente, ya que juntos concentran la mayor parte del déficit provincial.
El caso de la administración bonaerense, que comanda Felipe Solá, es el más conflictivo. De hecho, a principios de la semana, el ministro de Economía provincial, Gerardo Otero, advirtió que a la provincia le será «muy difícil» cumplir con el ajuste que exige el organismo multilateral.
La advertencia del funcionario de Solá puso en alerta a todo el gobierno nacional. Jorge Matzkin admitió ayer que algunas provincias van a tener «serias dificultades» para equilibrar sus cuentas, pero evitó incluir a Buenos Aires y a Córdoba en esa lista.
«Córdoba y Buenos Aires son distritos que tienen algún déficit más o menos importante, pero también tienen una dimensión, un tamaño y una administración que harán que no tengan mayores inconvenientes en los plazos que se están acordando para ordenar sus cuentas», insistió el ministro del Interior.
La situación de la provincia que gobierna José Manuel de la Sota parece menos complicada que la del distrito de Solá, ya que el gobernador empezó a poner en práctica el severo ajuste anunciado a mediados de abril que incluye la jubilación anticipada de los empleados públicos y la eliminación del personal contratado, entre otros fuertes recortes.
• Exigencias
El FMI exigió a la administración duhaldista que todas las provincias suscriban convenios de garantías adicionales para sanear sus cuentas públicas en rojo, con el compromiso de que a fines de 2003 deberán haber equilibrado la totalidad de sus gastos.
Pero, además, el organismo multilateral pidió a los gobernadores un compromiso para frenar la emisión de bonos y ofreció una asistencia de 700 millones de dólares para sacar de circulación los casi $ 5 mil millones en bonos que circulan en la actualidad. Al respecto, Matzkin reconoció que el tema de los bonos «va por cuerda separada» a los acuerdos de reducción del déficit.



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