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La pesquisa se inició por una denuncia de la aduana que acusa a la petrolera Andina de exportar «sin documentación legal consistente» 230.000 barriles de crudo entre junio de 2004 y junio de 2005. «Vamos a seguir todos los pasos que la ley contempla, pueden pasar unos 12 meses hasta que haya sentencia,» dijo el fiscal de Santa Cruz.
Morales afirmó el domingo que su gobierno ejerce supervisión sobre Repsol YPF y todas las petroleras que llegaron a Bolivia por un régimen de bajos impuestos y otras facilidades, y que ahora deben someterse a un marco legal más exigente.
Las operaciones supuestamente irregulares de Andina se habrían realizado por la frontera entre Bolivia y la Argentina, y por el puerto chileno de Arica, hasta donde llega un poliducto boliviano.
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