La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó ayer el aumento de la participación del Estado nacional en la empresa, que pasará del actual 1,59% a 5%, con opción de llegar hasta 20%. También dio aprobación al balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
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El Ministerio de Economía, depositario de las acciones del Estado, designó a Guillermo Mandarás para que participara en la asamblea, con el mandato de aprobar el balance de 2005. De esta forma, al dar conformidad a ese ejercicio, el Estado convalidó los correspondientes a 2002, 2003 y 2004 que contienen los mismos elementos. Esta posición a su vez implica la caída de las impugnaciones realizadas en la Justicia por el Estado nacional en relación con los balances anteriores.
La decisión forma parte del acuerdo alcanzado en junio pasado en Madrid entre el gobierno de Néstor Kirchner y los representantes de Air Comet-Marsans, controlante de Interinvest, que a su vez es accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas.
La carta de intención que se firmó en esa oportunidad incluía la aprobación de los balances por parte del Estado, el ajuste de tarifas locales y un subsidio para el combustible de los vuelos de cabotaje, lo que terminó de completarse ayer, porque los dos últimos puntos se resolvieron entre agosto y octubre.
Por su parte, los titulares de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, aceptaron ceder 3,41% de participación en el capital al Estado, aparentemente sin pedir contraprestación. También dieron el visto bueno para que hubiera dos representantes de las acciones estatales en el directorio de la compañía y que éstos a su vez tuvieran poder de veto en dos circunstancias: la integración de Aerolíneas a una alianza internacional y el abandono de un destino.
Además de lo escrito, el grupo Marsans aceptó retirar al presidente de la compañía local, Antonio Mata, que había llevado una conflictiva relación con el gobierno actual.
El gobierno demoró desde entonces hasta ahora para analizar el balance de Aerolíneas, y presuntamente fundamentar ante los organismos de control el cambio de posición con respecto a los balances anteriores.
Normalización
«Esto abre paso a la normalización de la empresa», dijo ayer un portavoz de la línea aérea, y agregó que «también permitirá que en un plazo de 12 o 18 meses, Aerolíneas pueda abrir su capital a la Bolsa.»
El balance de 2005 sólo fue rechazado ayer por el representante del programa de propiedad participada (PPP) que tiene actualmente 0,56% del capital, quien además hizo reserva del artículo 251 de la ley de sociedades, lo que significa que podría presentar una impugnación en la Justicia. La asamblea aprobó la modificación del estatuto que otorga poder de veto a representantes de las acciones Clase A (Estado nacional) en los dos casos mencionados anteriormente.
También se dejó constancia en el acta que el Estado nacional puede llegar hasta una participación de 20% mediante diversos mecanismos, como la capitalización de créditos a su favor.
El gobierno ya designó como uno de sus representantes en el directorio a Raúl Argañaraz, director financiero de ENARSA, la empresa de energía del Estado y miembro del gabinete de asesores del ministro de Planificación, Julio De Vido. Se afirma que el segundo representante se elegirá en consenso con las provincias, de modo de articular una estrategia común en el directorio de la aérea.
