A diferencia de las economías occidentales, donde muchas corporaciones utilizan la automatización y la inteligencia artificial para justificar recortes de plantilla, China decidió tomar un rumbo alternativo mediante una ambiciosa reforma de sus políticas laborales.
China aplica nuevas leyes laborales para proteger los salarios y el empleo frente a la IA
El régimen de Pekín prioriza la estrategia pública y los pactos gremiales con el fin de blindar los puestos de trabajo y mitigar la brecha económica ante la transición tecnológica.
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El gobierno de China protege a sus trabajadores frente a la inteligencia artificial.
A través de un plan estratégico a cinco años presentado por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, el país asiático busca que los beneficios económicos del desarrollo tecnológico no queden exclusivamente en manos de los propietarios del capital, sino que repercutan de manera directa en los trabajadores.
La postura oficial de Pekín sostiene que el progreso tecnológico y la estabilidad del empleo son perfectamente compatibles, por lo que transformó la lucha contra la desigualdad de ingresos en un asunto de planificación nacional prioritario.
El plan de China para repartir la riqueza generada por la IA
El eje central de esta iniciativa consiste en rediseñar la distribución de la riqueza generada por las máquinas para asegurar que los incrementos de productividad impulsados por la inteligencia artificial se traduzcan en un aumento real del poder adquisitivo de las familias.
Para lograrlo en el sector privado, el Gobierno chino está impulsando con fuerza la negociación colectiva, permitiendo que los empleados de los sectores tecnológico y de servicios pacten sus sueldos en bloque y eliminando así la enorme desventaja de la negociación individual frente a las grandes corporaciones. Paralelamente, el Estado se compromete a garantizar un crecimiento sostenido de los salarios generales, dirigiendo estos aumentos de forma prioritaria hacia las plantillas más expuestas a los cambios tecnológicos.
En el ámbito de las empresas públicas, la estrategia se enfoca en corregir los desequilibrios internos. Las autoridades chinas limitarán las remuneraciones excesivamente altas de los directivos, mientras expanden los incentivos económicos para los profesionales con alta cualificación técnica, vinculando directamente el sueldo al talento y a las habilidades específicas. Además, se ordenó una revisión profunda del sistema de salario mínimo que servirá como base para una futura legislación formal de protección laboral.
El trasfondo de esta reforma radica en el temor a que la automatización agrave la brecha de ingresos entre las zonas rurales y urbanas. Según expertos locales, como el decano Huang Yiping de la Universidad de Pekín, si el Estado no interviene, el capital tiende a capturar la mayor parte de los beneficios de la productividad porque las ganancias provienen de la tecnología y no de las destrezas del trabajador.
Esta desconexión histórica entre eficiencia y salarios amenaza la estabilidad económica. Por ello, para evitar que el consumo interno se desplome debido a la pérdida de poder de compra de las familias, el plan quinquenal propone un equilibrio indispensable: combinar la inversión en activos físicos, como robots y servidores, con una inversión masiva en las personas.
