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Sin embargo, la teoría gubernamental colisiona con una realidad que no podrá ser modificada: la imposibilidad de las administradoras de aceptar cualquier propuesta de quita en los términos en los que está planteada la cuestión. Existen dos razones que les impiden a las AFJP cerrar este acuerdo con el gobierno.
La primera es -de cierto modo- congénita: las AFJP nacieron como administradoras y no pueden ejercer actos de disposición sobre los fondos que tienen en custodia. Es decir, no pueden disponer del patrimonio de sus afiliados, como implicaría aceptar una quita. Sólo les cabe requerir la indispensable aprobación de sus afiliados, que son los únicos propietarios de los fondos engrosados mes a mes con sus aportes.
La segunda razón se vincula con sus propios actos desarrollados desde que los sucesivos gobiernos les exigieron por decreto la compra de títulos: ante tales imposiciones, han planteado acciones de inconstitucionalidad, que en algún caso vinculado al primer canje han prosperado judicialmente.
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