Montevideo (de nuestra agencia) - El ingreso de la fiebre aftosa al Uruguay, detectado el pasado 27 de abril en la zona del litoral, podría deberse a un complot de aduaneros corruptos y contrabandistas como venganza por las medidas tomadas por el gobierno de Jorge Batlle para frenar el ingreso ilegal de productos al país. El ministro del Interior, Guillermo Stirling, confirmó ayer a Ambito Financiero que la Justicia investiga los hechos denunciados por la Dirección Nacional de Aduanas, a partir de datos proporcionados a la policía de Salto «por un ciudadano argentino».
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El presidente Batlle «fue informado de los hechos» y la acción de los supuestamente complotados habría surgido tras una reunión realizada en un puesto aduanero sobre el río Arapey en los primeros días de abril, informó Stirling. Desde los últimos meses del año anterior, el gobierno del presidente Jorge Batlle lanzó una campaña para frenar el ingreso de mercaderías de contrabando, que alcanzó principalmente a la extensa frontera terrestre con Brasil en todo el Norte y los puentes que unen con la Argentina en el litoral oeste sobre el río Uruguay.
A ello se sumaron los controles fronterizos por la aftosa, aparecida a comienzos de este año en la Argentina, que indirectamente también trabaron el contrabando. Un parte policial remitido el pasado 17 de abril por el jefe de policía de Salto, inspector Luis A. Burgos, al director nacional de Información e Inteligencia, Luis Pereira Saldías, reproducido ayer por el diario «La República», informa que a comienzos de abril se reunieron en un puesto en la Ruta 3 varios funcionarios aduaneros uruguayos, algunos de ellos sumariados por esas acciones de combate al contrabando, un gendarme y ciudadanos argentinos, analizando los perjuicios que les viene causando la campaña del gobierno que había reducido considerablemente «sus recaudaciones personales con los contrabandistas», dice el informe.
Allí se manejaron algunas medidas para adoptar en coordinación con los contrabandistas con la intención de dañar la imagen del gobierno, como cortar la ruta en una visita que el presidente Batlle haría días después a la zona y la posibilidad de «ingresar un foco aftósico desde la localidad de Diamante en la Argentina por la represa de Salto Grande o por la meseta de Artigas en Paysandú» para que se dejaran sin efecto los controles fronterizos por la enfermedad y los contrabandistas tuvieran campo libre de acción, sigue señalando el informe de Burgos.
En conocimiento de estas denuncias, que surgieron de «datos suministrados a la Policía salteña por un ciudadano argentino» el Ministerio del Interior informó al presidente Batlle e inició una investigación a través de la Dirección de Seguridad, señaló ayer a este diario el ministro Stirling. Además se dio intervención a la Dirección Nacional de Aduanas que inició investigaciones y un sumario para delimitar responsabilidades. En la investigación policial «no surgieron elementos», afirmó Stirling, pero agregó que los abogados sumariantes de la Aduana presentaron una denuncia penal ante el Juzgado de Cuarto Turno de Salto, a cargo del juez Dardo Nievas. Adelantó además el ministro que no conocía los nuevos elementos que pueda aportar la investigación sumarial realizada por el abogado Roberto Machado en la Dirección de Aduanas y que la policía estaba a la orden de lo que resolviera la Justicia competente. Los primeros focos de aftosa en Uruguay se conocieron en los últimos días de abril y de inmediato se comprobó que la enfermedad estaba muy extendida, principalmente en toda la zona del litoral, lo que ha llevado a las autoridades a afirmar que seguramente hubo productores omisos en denunciar la presencia de la fiebre.
La aparición de la enfermedad causó serios perjuicios económicos al país y de constatarse la eventual existencia de un complot como el denunciado, la gravedad de la acción podría incluso considerarse como un delito de «lesa nación».
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