No sólo se quejan los textiles y los fabricantes de electrodomésticos: ahora les tocó el turno a las empresas alimentarias, que a través de su representación empresarial histórica (la COPAL) salieron a apoyar la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea en pos de un tratado de libre comercio, pero calificaron de «insatisfactoria» la oferta realizada por el bloque comercial del Viejo Continente. En un comunicado, la entidad de los alimentarios afirma que «la UE debe mejorar sustancialmente su oferta por lo que las negociaciones entre ambos bloques comerciales no deben darse por concluidas hasta que eso suceda». Agrega que le entregaron un documento al ministro Roberto Lavagna y al vicecanciller Martín Redrado que contiene «doce puntos esenciales que deben ser tenidos en cuenta en la negociación». Entre esos puntos están «la instrumentación operativa del trato especial y diferenciado, la eliminación de los subsidios a las exportaciones que se dirijan a la región, la reducción y posterior eliminación de todos los aranceles, y la administración de las cuotas que representen un verdadero acceso a mercados por parte del Mercosur». Que las empresas, «que por mantener fuentes de trabajo privilegiaron el pago de salarios y proveedores durante la crisis política, económica y social que vivió el país en 2001/2002, se encuentren hoy amenazados por la voracidad fiscal».
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Por eso, la entidad que agrupa a un vasto sector de las pymes pide a la AFIP y a los gobiernos provinciales «lo mismo que la Argentina le pide al mundo: pagar la deuda con crecimiento y con plazos e intereses adecuados». El planteo reproduce lo que viene diciendo Cornide prácticamente desde el día que el ministro Roberto Lavagna hiciera el anuncio de la nueva propuesta a los acreedores del país, y lo repitió luego de participar de una reunión en la que el titular del Palacio de Hacienda la explicara a un grupo de empresariosy dirigentes empresariales. Por entonces, Cornide sostuvo que «debe permitirse a las pymes que paguen sus deudas en la medida en que crezca la economía, y sin poner en riesgo la recuperación».
El comunicado distribuido ayer concluye afirmando que «no defendemos a evasores, defendemos a deudores que mantuvieron fuentes de trabajo y subsistieron en el caos que envolvió a la Argentina. Si se aplica nuestro criterio, se recaudará más». El planteo fue apoyadoademás por la FEBA (Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires): en el mismo sentido, la entidad que preside Raúl Lamacchia, dijo que «no puede aceptarse que las pymes bonaerenses sean perseguidas con intimaciones engañosas, que amenazas con embargos de salarios, y a nuestras empresas, por deudas que vienen de una crisis recesiva inédita en la Argentina».
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