Alivio: no subirían antes de noviembre las tarifas

Las empresas privatizadas terminarán de presentar sus propuestas de aumentos de tarifas en las dos primeras horas de hoy a la comisión renegociadora de los contratos. Sin embargo, todo indica que los ajustes no serán inminentes porque ahora debe hacerse la convocatoria a audiencia pública y, en apariencia, también intervendrá una comisión bicameral que constituiría el Parlamento esta semana.

Entre las empresas que faltan presentarse, se encuentra Aguas Argentinas que viene anunciando que no porcentualizará el aumento, y sólo describirá la situación en que se encuentra, porque «en la emergencia le corresponde al gobierno evaluar cuál es el ajuste a otorgar».

En apariencia, salvo Aguas y parte de las empresas gasíferas, las demás privatizadas pidieron subas que rondan la inflación acumulada o el CER, esto es alrededor de 30% de ajuste. Pero sobre esto, hay un interrogante cuya respuesta queda pendiente para la audiencia pública, con respecto a las tarifas de luz y de gas. No es lo mismo que una distribuidora eléctrica o gasífera haya pedido una suba sobre la tarifa que paga el usuario o si la pidió acerca de la parte de la tarifa que la empresa percibe.

•Impacto

Un aumento de 30% en el valor agregado de distribución de eléctricas y gasíferas, impacta 10% promedio en la tarifa del usuario residencial. En las últimas horas Edenor dejó trascender que la suba que propuso, cuyo número no difundió, se refiere al valor agregado de distribución y no a toda la tarifa.

El gobierno, en tanto, sólo estaría dispuesto a un aumento uniforme para todos los servicios que promediaría 10% y tendría escalas de modo que, a mayor consumo, mayor ajuste.

En medios oficiales, se informó que ahora la comisión renegociadora que preside Miguel Sanguineti deberá conformar un expediente con cada una de las solicitudes y después girarlo a los entes reguladores.

•Plazos

Estos organismos serán los encargados de convocar a las audiencias públicas que se realizarían en la segunda quincena de setiembre. Esto es así porque los entes deben dar tres semanas a los interesados (grandes usuarios, asociaciones de consumidores, particulares) para que vean el expediente, y recién después se puede realizar el debate.

Pero el tema está todavía confuso, y en las privatizadas se teme que el Ministerio de Economía vuelva a tomarse algún tiempo para definir en qué casos se llama a audiencia pública. Por ley, en los únicos servicios donde está previsto ese mecanismo es en la electricidad y el gas.

Sin embargo, aun en esos servicios, las audiencias están previstas para casos específicos, y este aumento de «emergencia», que no considera los contratos de concesión, no está contemplado.

Todo indicaría que Economía pretende realizar sólo audiencias para luz y gas, y hacer consultas por Internet para el resto de los servicios. Esto anticipa otro debate dentro del gobierno y con las empresas. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo que habrá audiencias, y no discriminó por servicios.

Las asociaciones de consumidores y el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, pidieron el debate público para todos los casos, y hay antecedentes de otros ajustes en servicios que no son luz y gas, donde la Justicia dio lugar a recursos de amparo por no haberse cumplido el procedimiento de la audiencia. Este, se supone, garantiza el derecho constitucional de los usuarios a estar informados.

Luego de realizadas las audiencias, el Ejecutivo tiene que elaborar una propuesta. Según algunos funcionarios, como se dispondría un aumento de «urgencia» y «a cuenta» de la futura renegociación de los contratos, las propuestas no deberían pasar por el Congreso, posición que también fue cuestionada públicamente por Atanasof.

•Comisión

En tanto, la Cámara de Diputados intentará lograr mañana la conformación de la comisión que se encargaría de aprobar las nuevas tarifas y la renegociación de los contratos, cuando se produzca.

Una parte de la bancada oficialista impulsa que las resoluciones de la comisión bicameral a constituirse sean «vinculantes», es decir, que el Ejecutivo quede obligado a aplicar lo que indique el organismo legislativo.

Si esto termina siendo así y si la bicameral resuelve en forma rápida, los aumentos se estarían aplicando en las tarifas a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, en las privatizadas sigue predominando el escepticismo y descreen que el gobierno esté decidido a aplicar algún ajuste, si no media una fuerte presión del Fondo o de los países con inversiones en el país.

Se teme que incluso tras la audiencia y una eventual aprobación del Congreso, y cuando ya estén los decretos con las subas, intervenga la Justicia a pedido de alguna asociación de consumidores, y dé lugar a amparos que obliguen a «no innovar».