Analizan diferir el pago de los servicios públicos

El Ministerio de Economía analiza disponer que el pago fuera de término de facturas de servicios públicos sea perdonado por única vez como consecuencia de las demoras en las transferencias bancarias. El objetivo sería evitar el cobro de intereses a los usuarios por problemas con los pagos electrónicos.

En apariencia, directivos del Banco Central plantearon la situación al ministro Cavallo, considerando que los sistemas informáticos de las entidades financieras están superados por la demanda de los clientes.

Por el incremento de los pagos electrónicos, si una persona pagó ayer su factura en un cajero, el dinero se acreditará en la cuenta de la empresa recién entre el viernes y el lunes próximo. En ese caso, si la factura vencía ayer, las compañías podrían cobrar intereses al cliente.

• Coincidencias

Durante la jornada, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; el diputado justicialista Daniel Scioli; el frepasista Darío Alessandro y entidades de consumidores coincidieron, en pronunciamientos por separado, en pedir al gobierno nacional una prórroga en el vencimiento de los servicios públicos y la suspensión de recargos por mora hasta que se normalice el sistema electrónico de pagos.

Voceros de las compañías de servicios, en particular las telefónicas, reaccionaron en contra del reclamo. Según voceros de Telefónica y Telecom, ambas empresas ofrecen a los clientes un variado menú, que incluye el pago con tarjeta de crédito en forma telefónica a través del número 112, durante las 24 horas.

Sin embargo, gran parte del público de los sectores medios no está acostumbrada a este tipo de operaciones, ni siquiera al pago de los servicios a través de los cajeros automáticos, a lo que se suman las dificultades con que operan las redes de cajeros, desde que se impusieron las restricciones bancarias.

A excepción de la factura telefónica, el resto de los servicios, como MetroGas o Aguas Argentinas, atiende hasta las 17 para el pago telefónico con tarjeta de crédito. En otras empresas, como Edesur y Edenor, este sistema no está por ahora implementado, con lo cual el cliente debe pagar desde el cajero o por débito automático, o con cheque propio o de terceros en la sucursal de la empresa, o a través de sistemas como Pago Fácil en los lugares donde ya se aceptan tarjetas de débito. Con todo, en las distribuidoras eléctricas están acelerando la instalación de las máquinas POS en sus filiales.

• Dificultades

En algunas empresas se están contemplando las dificultades que puede tener el público para adaptarse a las nuevas formas de pago, y hay una virtual prórroga de los vencimientos, ya sea analizando caso por caso o frenando los cortes de servicio por unos días. Dentro del conjunto, las telefónicas serían las menos dispuestas por ahora a flexibilizaciones, con el criterio de que es el único servicio que se puede pagar telefónicamente las 24.

De todas formas, en las empresas de servicios públicos predomina el criterio de que el público no paga porque no tiene recursos debido a la recesión y que ahora sólo se está acentuando el mismo fenómeno registrado durante todo el año. Según esta opinión, las eventuales dificultades para los pagos son sólo un elemento adicional que puede tener una influencia muy transitoria.

Mondino recomendó al gobierno que disponga las medidas para lograr «una prórroga en los vencimientos de las facturas de servicios públicos y la suspensión de todo recargo por mora en el pago, hasta tanto se normalice el sistema electrónico y se posibilite su real acceso en todo el territorio nacional». También indicó que «resulta crítica la situación de los ciudadanos del interior cuyos haberes son percibidos a través de bonos, que indefectiblemente quedan fuera del sistema por hallarse condicionados su poder cancelatorio y su aceptabilidad».

En el ámbito del Gobierno porteño, el Ente Unico Regulador convocó a entidades de consumidores para que impulsen la firma de un petitorio que incluya el diferimiento de los vencimientos de las facturas y la suspensión de los cortes de los servicios «mientras dure la emergencia económica».