El juicio fue iniciado por Suez, Aguas de Barcelona, Anglian Water y Vivendi contra el Estado argentino en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial en 2003. Quedó suspendido entre mayo de 2004 y enero de 2005 cuando Aguas Argentinas llegó a un acuerdo transitorio con el gobierno nacional, y este año entraría en su fase definitiva.
En España, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no emitió opinión aunque Aguas de Barcelona tiene 25% de Aguas Argentinas, y a su vez pertenece en partes casi iguales a la entidad financiera catalana La Caixa y Suez. Pero la noticia tuvo fuerte repercusión en la prensa hispana, que destacó la acusación de contaminación por nitratos formulada por el Ejecutivo argentino.
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