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En ese período, el sector público registró un saldo en rojo de 872 millones de dólares. La iniciativa prevé una baja de 8% en los gastos de funcionamiento.
También plantea una reducción de 19% en las inversiones del sector público para este año y de 28% para 2003 y 2004. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a fusionar o suprimir ministerios o «unidades ejecutoras». Esta baja del gasto no está incluida en la reducción de 260 millones de dólares ya prevista.
Se eliminan los servicios médicos de los entes autónomos (la empresa petrolera ANCAP, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Hipotecario). También propone un régimen laboral en el Estado similar al que rige en la actividad privada -contratos a término, menos días de licencia, ingreso por concursos y la posibilidad de rescindir los contratos dentro de un esquema «gerencial» de la administración pública- y se establece un sistema de retiros incentivados con el objetivo de reducir la plantilla de empleados estatales. Extiende hasta 2015 la prohibición del ingreso de nuevos funcionarios públicos.
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