8 de julio 2002 - 00:00

Apuestan al cobro de deudas e impuestos para bajar déficit

Tucumán - Un aumento de la recaudación en 20 millones de pesos, el cobro de deudas por 10 millones y una ayuda nacional para refinanciar obligaciones por 320 millones son los tres ejes del acuerdo fiscal que Julio Miranda suscribió con Nación. El compromiso es reducir 50% el déficit provincial que en 2001 cerró en 100 millones de pesos. Para eso, la administración tucumana tendrá que vender bienes del Estado, aplicar retiros voluntarios de personal mayor a 54 años, contener la obra pública a lo estrictamente necesario y vender 10% de las acciones del privatizado Banco de Tucumán a sus empleados. La masa salarial de la provincia, en tanto, debe quedar en sus actuales cifras, estimadas en 40 millones de pesos. De no cumplir con los objetivos, Eduardo Duhalde considerará roto el pacto y la provincia perderá la ayuda financiera.

Apuestan al cobro de deudas e impuestos para bajar déficit
Tucumán - La provincia gobernada por Julio Miranda intentará bajar 50 por ciento el déficit fiscal este año con la cobranza de créditos remanentes del ex banco provincial por unos 10 millones de pesos y una suba en la recaudación de 20 millones. La Nación, en tanto, prometió la llegada de otros 320 millones para refinanciar la deuda local que hizo trepar el rojo a 100 millones de pesos el año pasado.

La venta de bienes del Estado y el congelamiento del gasto salarial vía retiros voluntarios serán las patas restantes del recorte del déficit.

Si bien el aporte de los 320 millones por parte de Eduardo Duhalde para amortizar la deuda provincial y cubrir el déficit mensual es la parte gorda del acuerdo abrochado por Miranda, habrá una tanda de medidas que deberá aplicar con precisión si no quiere que el pacto se rompa.

• Continuará el régimen de retiros voluntarios
para los estatales de más de 54 años, además de una purga en la administración para jubilar a quienes estén en edad y no lo hayan hecho. Para esto se está montando una oficina del Instituto de Previsión Social que detectará los casos incongruentes.

En Tucumán hay un promedio de 36 empleados públicos cada mil habitantes, lo que hace un total de 64 mil. De esta manera, la provincia debe mantener en el mismo nivel la masa salarial, que es de 40 millones de pesos.
 
• Debe concretarse la venta de las acciones del privatizado Banco de Tucumán que el Estado debe traspasar a los empleados. En rigor, se trata de cumplir con una ley que obliga al gobierno de Miranda a deshacerse de 10% de las acciones de la entidad y destinarlo a sus trabajadores. Podrían obtenerse unos 3 millones de pesos por esta operación que aún está en vías de negociación.

Subir la recaudación de Rentas a través de un convenio con los municipios, a los que se dará poder de policía para detener la alta evasión a los impuestos Inmobiliario y Automotor. Esto favorecería, por otra parte, a los intendentes, porque también verían mejorada la coparticipación de tributos provinciales que se les gira. La hipótesis de máxima de los tucumanos es aumentar los ingresos en 20 millones de pesos por esta vía.

• Los planes de obras públicas se acotarán
sólo a los que tengan un financiamiento seguro, por lo que se espera una disminución importante en la materia.

• Deben venderse bienes que el Estado provincial
tiene en Buenos Aires (por caso, un edificio donde funcionaba la entidad bancaria de la provincia) y en Tucumán (unas 40 propiedades en la capital, además de otras tantas en el interior).

• Si Miranda no cumple, el gobierno nacional considerará roto el pacto
y le quitará toda la ayuda financiera.

Tucumán tiene 1.331.923 habitantes, con un producto per cápita de 4.969 pesos.

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