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Tras un arduo debate, la Bicameral decidió dar por aprobado el acuerdo transitorio, ateniéndose a «una razón de prudencia política, de carácter necesariamente excepcional» debido a que el problema surgió por el procedimiento del gobierno y no por el contenido del acta.
El dictamen enfatizó que la Ley 25.790 que extendió hasta el 31 de diciembre de este año, la renegociación de los contratos con las privatizadas, estableció que el Poder Ejecutivo debe remitir al Parlamento
Dentro de la Bicameral, algunos legisladores de la oposición y del propio oficialismo, habían amenazado con rechazar el acta firmada con Aguas Argentinas, por haberse dictado el decreto de ratificación, antes de la evaluación del Congreso. Finalmente primó la mesura y todo quedó en una advertencia al gobierno.
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