El CEO de Wenance, Alejadro Muszak y otros ejecutivos de su firma están siendo investigados, desde el año 2017, por la fiscal de instrucción, Mónica Cuñarro, que acumula una gran cantidad de denuncias de tomadores de créditos por usura y estafa.
La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro habilitó la apertura del concurso preventivo de acreedores de la fintech Wenance, investigada por reclamos de ahorristas e inversores que dejaron de cobrar sus respectivos intereses.
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Días atrás, la Sala V de la Cámara del Crimen confirmó la decisión de la jueza Paula González, que decidió la exención de prisión a Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, imputado en una causa judicial por los delitos de usura, estafa y, el más grave, asociación ilícita, en calidad de integrante, en más de 34 expedientes abiertos.
Son conocidos los reclamos judiciales de una gran cantidad de ahorristas e inversores locales e internacionales contra la cúpula de Wenance. Se calcula una cifra superior a los 3.000 perjudicados.
Pero, además, de estos juicios civiles y penales, se investiga la otra punta del negocio financiero. Los que solicitan créditos que, en reiteradas ocasiones fueron, según sus denuncias, estafados y víctimas de usura.
La fintech, firma de servicios financieros tecnológicos, dejó de pagar a sus inversores el 30 de junio pasado, alegando un "crecimiento de la mora por la situación económica del país", argumento que se halla en el expediente y que fue refutado. Desde entonces, tiene abiertas causas civiles y penales en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Montevideo.
Pero, al mismo tiempo, el CEO de Wenance, Alejadro Muszak y otros ejecutivos de su firma están siendo investigados, desde el año 2017, por la fiscal de instrucción, Mónica Cuñarro, que acumula una gran cantidad de denuncias de tomadores de créditos por usura y estafa.
Wenance es una empresa que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población a tasas altísimas que, más allá del descalabro financiero del país de los últimos meses y de la suba insistente de la tasa de referencia por parte de las autoridades del Banco Central, se trataba de una práctica que sucedía en tiempos en los que había más estabilidad financiera en el país.
La causa penal que tramita la jueza Paula Verónica González, por asociación ilícita, parece ser favorable a los intereses de Muszak según la decisión de la Cámara del Crimen que, contra la opinión de la fiscal Cuñarro, otorgo la libertad bajo fianza por 175.00.000 de pesos.
En ese sentido, los jueces de la Sala V, Hernán López y Ricardo Pinto, confirmaron la decisión de la jueza subrogante Paula González que había sido criticada por varios querellantes contra Muszak por no imprimirle velocidad a las investigaciones.
Los querellantes presentaron varios recursos de queja por retardo de justicia porque las denuncias iniciales son de fines de 2017 y principios de 2018.
Durante todo ese tiempo y hasta la actualidad, la fiscal, Mónica Cuñarro, continuó acumulando denuncias y calificó el accionar de los ejecutivos de Wenance de "una organización criminal" por lo que, ante 19 nuevos casos investigados, reiteró el pedido de indagatorias de cuatro responsables de la fintech, además del citado Muszak, el juzgado convocó a Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone que declararon el pasado 9 de agosto.
En el expediente se describen las prácticas financieras contra los tomadores de crédito. "...la maniobra consistió en otorgarles un préstamo de dinero a través de la firma de un contrato de mutuo, el cual sería cancelado mediante el débito automático del dinero de sus cajas de ahorro en cuotas mensuales y consecutivas".
Según determinó la fiscalía las tasas de interés que cobraba CILSA y luego Wenance eran un 55%, en promedio, más altas que las del mercado. Además, una vez cancelados los préstamos, seguían debitando dinero de las cuentas, hecho que, en algunos casos, determinó la quita total de fondos de los damnificados.
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