La Corte Suprema respaldó ayer, con una declaración de constitucionalidad, la restitución del 13% en bonos, que el gobierno de Fernando de la Rúa había quitado a empleados públicos y jubilados.
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Los jueces supremos se expidieron de este modo, al revocar un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que había declarado la inconstitucionalidad del decreto que dispuso la entrega de los títulos y destacó que esa norma es válida porque fue convalidada por el Congreso Nacional y en un dictamen del procurador general de la Nación.
La poda salarial afectó a unos 28.000 jubilados y pensionados. El pago en bonos le permite al gobierno unos 2.000 millones de pesos anuales.
Durante el gobierno de la Alianza, se ordenó un recorte del 13% sobre los salarios de empleados estatales y jubilados que fue dejado sin efecto el 1 de enero de 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Un año antes, se había dispuesto la devolución del descuento a través de bonos, salvo en los casos en que por el monto, edad del acreedor y situaciones de enfermedad se justificara el pago en efectivo.
Con la entrega de los títulos, también se fijó que los bonos serían actualizados por el CER, que se reconocería dos por ciento de interés anual y que el pago de la primera cuota de amortización se realizaría el 31 de marzo de este año y la última, el 20 de setiembre de 2008.
Esa medida fue cuestionada por empleados estatales de Salta ante la Cámara Federal de esa provincia, y el tribunal declaró inconstitucional el Decreto 1.819/02 por el cual se habían entregado los bonos. Ahora, la Corte concluyó en que la devolución en bonos de la quita «resultaba más beneficiosa que las establecidas en aquellos regímenes generales de diferimiento de pago de deudas estatales».
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