El "club del cemento" quedó ayer más cerca de tener que pagar las multas que le impuso el gobierno por unirse las empresas que lo forman para fijar precios y dividirse el país en zonas de influencia. La iniciativa oficial de combatir a este oligopolio -positiva por cierto-tuvo correlato en la Justicia: la Cámara en lo Penal Económico determinó que el Estado tiene facultades para aplicar esas sanciones. Es apenas la primera batalla en la larga guerra planteada por cuatro cementeras (Loma Negra-Cementos San Martín, Minetti-Corcemar, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia) para no tener que desembolsar más de u$s 100 millones en multas. Las empresas intentaron refugiarse en la "ley más benigna", pero la Cámara rechazó el argumento. Ahora los jueces deberán expedirse sobre la cuestión de fondo: si las multas, su monto y oportunidad se encuadran en la ley.
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