El Senado aprobó ayer la reforma a la Ley de Solidaridad Previsional que obliga a pagar en 120 días a jubilados las sentencias judiciales por reajustes en haberes pero introdujo modificaciones, de manera que el proyecto no entre en vigencia inmediatamente y se limite su impacto inmediato en las cuentas públicas. Se sabía que el gobierno había pedido a legisladores oficiales del Senado desactivar esa iniciativa, pero sin pagar el costo político de aparecer rechazando la regularización en el pago de esas sentencias. Fue en el mismo día en que recrudecieron los cruces entre el Presidente y la oposición por el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar la movilidad en las jubilaciones más altas. El costo para el Tesoro del cumplimiento de ambas medidas hubiera sido para el gobierno imposible de asumir en lo inmediato.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por eso se estableció ahora que no habrá pagos de sentencias este año, sino recién a partir del Presupuesto 2007 y se alargó el plazo de pago para la ANSeS. Por eso el chaqueño Jorge Capitanich presentó el proyecto y se pasó a votar casi inmediatamente, con la sola participación del radical Gerardo Morales en el corto debate.
Fue después de una larga sesión donde los senadores aprobaron la suspensión de desalojos por cuatro años de tierras que estuvieran en litigio con sus propietarios reclamadas por comunidades indígenas, y de aceptar el pedido de licencia de Alicia Kirchner que parte del Senado para asumir el Ministerio de Desarrollo Social.
Cuatro cambios
La versión del proyecto sobre sentencias previsionales que aprobaron los senadores definió cuatro cambios en relación a lo votado en Diputados:
Se ratifica que las sentencias deberán ser pagadas en 120 días pero «hábiles» y no corridos como se dijo en la Cámara baja.
Se faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cumplir con el pago en el plazo ordenado cuando los fondos asignados se hubieran agotado.
Los senadores autorizaron a la ANSeS a pagar en efectivo la deuda previsional consolidada.
Y, lo más importante de los cambios, se estableció que la ley entrará en vigencia junto con la Ley de Presupuesto Nacional 2007. Es decir, no se afrontarán pagos por las sentencias previsionales durante este año.
Por lo demás, la votación de ayer del Senado -fue aprobado por unanimidad- mantiene el mismo principio, aunque demorando los pagos, que el proyecto llegado desde Diputados. De hecho el proyecto fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo después que la Comisión Interamericanade Derechos Humanos de la OEA fallara en contra del Estado argentino en ese tema por negar derechos a los jubilados. Con ese proyecto el gobierno esquivó la condena del organismo, y por eso ahora no podía desecharlo totalmente.
Así se mantiene la modificación de fondo a la Ley de Solidaridad Previsional. Esa norma de 1995 limitó los pagos de sentencias judiciales contra el Estado por cualquier tipo de reajuste o retroactivos a las partidas que fueran definidas en cada presupuesto. Ese principio ahora desaparecerá y el Estado deberá pagar las sentencias a los 120 días hábiles de haber sido notificadas. No podrá el Tesoro ni la ANSeS argumentar falta de fondos.
